La reforma judicial deteriorará los controles y equilibrios, podría socavar la fortaleza económica y fiscal de México y plantearía diversos riesgos crediticios, advirtió la calificadora Moody’s.

En su reporte de políticas públicas difundido ayer, señaló que a medida que el Poder Judicial se alinea cada vez más con el Ejecutivo y el Legislativo, su función en el control y equilibrio de las otras ramas de poder se deteriorará.

El sistema judicial ha bloqueado cambios legales radicales. La preocupación de los inversionistas por la incertidumbre jurídica ha contribuido a la volatilidad financiera en el corto plazo, mencionó la firma.

Las implicaciones crediticias por los cambios (en el Poder Judicial) podrían ser significativas para la calidad crediticia soberana de México, más moderadas para las empresas financieras y no financieras calificadas, así como para las compañías eléctricas y de infraestructura, y relativamente bajas para los bancos, adelantó.

Destacó que un choque de confianza prolongado podría ampliar los diferenciales gubernamentales y frenar la inversión privada, lo que presionaría la asequibilidad de la deuda y las perspectivas de crecimiento para 2025 en adelante.

El Senado aprobó el martes la reforma judicial que, desde la perspectiva de Moody’s, podría deteriorar la independencia del Poder Judicial del país.

Las nuevas disposiciones podrían politizar los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de comprometer la independencia del sistema, comentaron en el reporte los analistas Ariane Ortiz-Bollin, Mauro Leos y Elena H Duggar.

Los especialistas sostuvieron que los cambios en el sistema judicial y regulatorio de México generarían más incertidumbre en los proyectos de infraestructura.

Plantearon que la eliminación de organismos reguladores independientes es una propuesta que elevará la incertidumbre en torno a las normas y procedimientos, lo que ocasionará que el entorno del sector de infraestructura en México sea menos atractivo para la inversión privada.