Al permanecer cerrados por sexto día consecutivo los juzgados familiares y civiles de Plaza Juárez, un grupo de madres denunció a varios jueces, a quienes calificaron de corruptos –de los juzgados 1º, 10, 11, 12, 13 y 42–, ya que pactan con padres agresores, son cómplices de deudores alimentarios o retrasan los procesos en los que ellas buscan la custodia de sus hijos, por lo que exigieron su destitución.

Varios cometen violencia vicaria, ya que no trabajan con perspectiva de género y piden dinero para agilizar los trámites y así evitar que los juicios no se vayan a cinco o 10 años, como ha sucedido, o que nos quiten a nuestros hijos.

Las afectadas comentaron que hay dictámenes en los que las madres tienen derecho a convivir con sus hijos, pero los agresores no los llevan a las visitas, prevaleciendo un marco de injusticia, el cual ha sido denunciado ante el Poder Judicial de la Ciudad de México sin éxito.

Como ejemplo, detallaron que la juez primera familiar de proceso escrito, Ericka Magali Correa Riofrío, protege a los deudores alimentarios por encima de los derechos de los niños, goza de influyentismo e incluso fue acusada por empleados del juzgado por obstruir la justicia y dar malos tratos.

Asimismo, la juez 10 familiar, Cristina Espinoza Rosello, dicta sentencias basándose en la supuesta experiencia que tiene y no en evidencias o pruebas, elimina el pago de retroactivo de los deudores y deja toda la carga de la crianza y economía a las mujeres.

A Silvia García Lara, del juzgado 11, la acusaron de retrasar procesos legales, ya que tiene varios sin cerrar y decide bajar las pensiones alimenticias sin elementos”, y al juez 12, Carlos Sánchez Aparicio, de generador de violencia vicaria, pactar con padres agresores y retrasar los procesos.

La jueza 13, María del Socorro Jiménez Vega fue señalada de ser cómplice de deudores alimentarios, en especial de José Miguel N, señalado por varias parejas violentadas y ser abogado del feminicida de Abril Pérez Sagaón.

El juez 42, Mirsha León Carmona, “cobra por quitar sin sustento la guarda y custodia a las madres, auxilia al deudor alimentario para que oculte bienes y violenta los derechos humanos de madres e infantes e indicaron que él es el que tiene mayor número de quejas.

Las mujeres lamentaron que pese a denunciarlos ante el Poder Judicial de la Ciudad de México no se ha hecho nada y sigan trabajando, velando porque impere la injusticia hacia un grupo de madres que sólo buscamos que se actúe conforme a la ley en nuestros casos. Por eso decidimos colocar las fotos de estos jueces corruptos en las rejas de acceso a los juzgados, a fin de que sí hay más víctimas de su actuación, se sumen a nuestra demanda de destitución.