Las personas en situación de calle no sólo han sido víctimas de violencia, amenazas, robo y extorsión, sino también de una limpieza social, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Sandra Cuevas, informó el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).

El Diagnóstico sobre la situación de derechos humanos de personas en situación de calle que ejercen el trabajo sexual señala que del primer semestre de 2022 a finales de 2023 hubo cinco operativos para garantizar la seguridad de los transeúntes.

Dichas acciones, denominadas oficialmente desalojos de la vía pública y calificadas por activistas como actos de limpieza social, no sólo violaron sus derechos humanos, sino ayudaron a su estigmatización y criminalización al considerarlas objetos indeseables y removibles.

En ese periodo, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) abrió 135 expedientes por presuntas vulneraciones a los derechos de personas en situación de calle, 12 por ciento se concentraron en Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo por retiros forzosos de espacios públicos.

Además, el organismo dirigió a la Fiscalía General de Justicia, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Consejería Jurídica una recomendación por malos tratos y violaciones al debido proceso por detenciones ilegales y arbitrarias .

Durante la presentación del informe, el coordinador de la investigación, Víctor Ávila, señaló que las autoridades capitalinas tienen registros heterogéneos que van de 900 a 6 mil 754 personas que están en situación de calle.

Sin embargo, con base en los resultados entre quienes ejercen el trabajo sexual, se identificó que más de 60 por ciento provienen de otros estados, e incluso del extranjero; tres de cada cinco no tienen documentos de identidad y una de cada cinco ha vivido siempre en la calle.

Además, se ven obligadas a realizan otras actividades para obtener ingresos, como pedir dinero, hacer labores de limpieza, al reciclaje y a la venta ambulante; asimismo, cuatro de cada cinco han sido insultadas, amenazadas o golpeadas por dormir, asearse, orinar o defecar en la calle.

El texto indica que los policías son quienes las extorsionan, además de golpear y someter a actos de violencia sexual, mientras los funcionarios públicos son quienes más las amenazan.

La respuesta del Estado, señala la comisión, ha sido principalmente punitiva, basada en la persecución y la oferta de opciones de institucionalización que reproducen distintas formas de violencia y alimentan la desconfianza hacia las instituciones.

Por eso, la presidenta de la Copred, Geraldine González de la Vega, afirmó que se requiere construir programas y políticas de atención integral para este grupo prioritario.