Con las suspensiones que otorgaron dos jueces federales para impedir que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen de reforma al Poder Judicial, se intenta dar un golpe de mano contra la soberanía popular al tratar de inhabilitar el funcionamiento del Poder Legislativo bajo la piadosa mirada del Consejo de la Judicatura Federal, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.

Durante la presentación del decreto de una reforma a la Constitución de la Ciudad de México, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, consideró que el llamado a reconciliaciones entre los dos grandes bandos políticos del país no es viable, por lo que lo mejor es la lucha política, que para la izquierda de antes y de ahora abarca privilegiadamente la conciencia y la movilización popular.

Señaló que México tuvo uno de los sistemas judiciales más abyectos al poder político, pero desde que la izquierda se hizo del gobierno y de la legislatura ese poder se convirtió en militancia oposicionista, porque “no sólo es ‘la mordida’ que se cobra muchas veces, sino los intereses sociales y políticos que representan”.

Gómez dijo que se lucha para no volver a esa corrupción judicial que se padeció por décadas y hay motivos para inclinarse en favor de una regeneración de ese poder. Nada asegura la honradez e independencia de jueces y juezas, pero el actual sistema mucho menos.