Caracas. Un tribunal de Venezuela emitió una orden de detención contra el ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, informó ayer el Ministerio Público en su cuenta en Instagram, donde divulgó una foto con la comunicación del juzgado.

La fiscalía solicitó más temprano la orden de captura de González, de 75 años, quien no se presentó a tres citatorios ante el Ministerio Público por la publicación de datos electorales en un sitio web, lo cual las autoridades consideran una usurpación de funciones.

La petición de la fiscalía también es por la presunta comisión de los delitos de forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje de sistemas y asociación, detalló la fiscalía en la carta de solicitud a un tribunal para delitos de terrorismo publicada en su cuenta de Instagram.

La fiscalía anunció hace casi dos semanas el primer citatorio a González, y ante su ausencia emitió una segunda llamada, a la que el ex diplomático tampoco concurrió.

La tercera cita fue el viernes, cuando el país sufrió un apagón eléctrico nacional. Según las leyes venezolanas, las personas mayores de 70 no van a prisión.

Este señor se da el tupé de decir que no, no reconoce leyes, no reconoce nada. ¿Qué es eso? Eso es inadmisible. Los ciudadanos están de acuerdo con que las leyes funcionen y hagan su trabajo los poderes públicos, dijo el presidente Nicolás Maduro en la televisión estatal sobre la no comparecencia de González ante la fiscalía.

El gobierno responsabiliza a la oposición de las protestas y califica a los manifestantes de extremistas. También culpa a los opositores de las fallas en el sistema eléctrico.

El equipo de González –casado y con dos hijas, una de las cuales vive fuera del país– informó que están a la espera de alguna notificación, pero no hizo más comentarios.

A inicios de mes, la fiscalía inició una investigación a la lideresa opositora María Corina Machado y a González por la publicación de una carta pública dirigida a militares y policías.

El fiscal general, Tarek Saab, anunció el 7 de agosto que investigaría a los responsables del sitio electrónico de oposición que publicó documentos de la elección presidencial.

Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ganador de la elección presidencial, mientras el sector de la oposición liderado por Machado sostiene que ganó González Urrutia.

En otro asunto, Estados Unidos anunció que se incautó de un avión de Maduro en República Dominicana y lo trasladó a Florida, con el argumento de que violó las sanciones impuestas al país sudamericano, que a su vez calificó esta acción de piratería.

El jet Dassault Falcon 900EX, matrícula T7-ESPRT, voló de Santo Domingo a Fort Lauderdale ayer, según el portal de rastreo de aeronaves Flight Radar 24.

El Departamento de Justicia se incautó de una aeronave que fue adquirida ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y fue sacada de contrabando de Estados Unidos para uso de Nicolás Maduro y sus compinches, sostuvo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado.

Las autoridades sostienen que la transacción viola las sanciones impuestas al país por Estados Unidos, las cuales se endurecieron en 2019 tras la primera relección de Maduro, el año anterior. Más recientemente Washington tampoco reconoció el resultado de las elecciones que le dieron un tercer mandato, el 28 de julio.

“Esta no es una acción aislada –protestó el canciller venezolano, Yvan Gil–. Forma parte de una escalada de acciones” contra el gobierno de Maduro.

Las autoridades de Estados Unidos de América, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea piratería, han confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el presidente de la República, siguió el texto.

El avión fue usado por Maduro cuando viajó a San Vicente y las Granadinas en diciembre pasado para una reunión por el conflicto fronterizo con Guyana, y días después, cuando fue liberado Alex Saab, en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos.

El canciller dominicano, Roberto Álvarez, dijo que el Dassault Falcon 900EX estaba en Santo Domingo para mantenimiento cuando las autoridades recibieron una orden judicial para inmovilizar la aeronave en cuestión. Ni el gobierno dominicano ni el Ministerio Público han participado en el proceso de investigación.

Venezuela acusó a las autoridades dominicanas de ser cómplices de los actos delincuenciales de Estados Unidos.

Esta acción revela que ningún Estado y ningún gobierno constitucional están a salvo de las acciones ilegales que desconocen el derecho internacional, acusó el gobierno bolivariano.