La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) obtuvo de 2016 a 2023 financiamiento nacional e internacional por 502 millones 588 mil pesos, de los cuales 96 millones 740 mil 613 pesos fueron recursos aportados, entre agosto de 2018 y enero de este año, por la embajada de Estados Unidos en México, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), informó Pablo Gómez, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El organismo emisor de las transferencias se denomina Financial Services Center y fueron facturados por parte de MCCI a nombre US Agency for International Development (Usaid) de la embajada de Estados Unidos, señaló en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Explicó que los fondos provenientes del gobierno de Estados Unidos no se enviaron a partir de la creación de MCCI en noviembre de 2015, sino desde 2018, es decir, cuando se realizaron las votaciones en México para elegir al actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con los datos presentados, en los meses previos a los comicios presidenciales en México, la Usaid duplicó los fondos destinados a MCCI, pues en 2022 otorgó 14.6 millones de pesos, pero en 2023 transfirió 37 millones 959 mil 493 pesos, y tan sólo en los meses de mayo y junio de ese año, las donaciones superaron 10.6 millones de pesos.

La asociación también obtuvo de 2017 a 2023 poco más de 13 millones de pesos donados desde cuentas en Estados Unidos, principalmente de fundaciones, así como 2 millones 40 mil 556 pesos recibidos desde cuentas en Reino Unido.

La asociación también recibió recursos de personas físicas por 39 millones 218 mil pesos. Entre ellos Claudio Xavier González Laporte, padre de González Guajardo, quien donó 16 millones 775 mil pesos; también aparecen como donadores María Luisa Guadalupe González Cárdenas, por 6 millones de pesos; y Emilio Icaza Chávez, por 3.6 millones de pesos, entre otros.

Apoyos de empresas

Al dar a conocer las fuentes de financiamiento de la asociación, cuyos apoderados legales son Claudio X. González Guajardo y María Amparo Casar Pérez, destacó que entre 2016 y 2023 también recibieron recursos por 299 millones 29 mil 62 pesos de importantes empresas.

Entre ellas, la fundación Maelva, del empresario Valentín Díaz Morodo, que entregó 44 millones de pesos; el Sistema de Observación por la Seguridad, 34.2 millones de pesos; la Fundación Kaluz, de la familia del Valle Perochena, una de las más ricas del país, que donó 19 millones de pesos; la Fundación Unifin, con 12.2 millones de pesos; Fundación Alsea, con 8 millones; Laboratorios PISA, con 6 millones; Grupo México, de Germán Larrea, con una donación de 5 millones de pesos, al igual que las tiendas Chedraui y Fundación Soriana, con 4 millones de pesos, entre otros.

En ese mismo periodo, MCCI destinó 203.3 millones de pesos al pago de personas físicas, entre ellas a la propia María Amparo Casar, por un monto de 26.5 millones, y a González Guajardo, quien se autorizó un pago por 11.2 millones de pesos, en el periodo 2016-2020.

Además, la asociación también destinó 91 millones 38 mil 628 pesos al pago de personas morales en el periodo 2016 a 2023, entre ellas a Estrategias de Acompañamiento y Servicios, con 12.2 millones, y a Regalo de Cumpleaños SA de CV, con un monto de poco más de 12 millones de pesos.

A ello se suman 31.7 millones de pesos que pagó a cuentas extranjeras en Suiza, Estados Unidos y Alemania. De este monto, 24.5 millones fueron depositados a una cuenta a nombre de Consorcio Metropolitano Inmobiliario SA de CV en Suiza.

El titular de la UIF recordó que las organizaciones no gubernamentales, como MCCI, se benefician de donaciones deducibles de impuesto, pero no hacen pública ninguna información sobre el destino de estos fondos, pese a que muchas de ellas se dedican a la política.

Destacó que el apoderado legal de la organización, Claudio X. González Guajardo, es uno de los líderes de la coalición opositora que se creó en gran medida bajo sus propios auspicios. Eso ya establece un vínculo económico, obviamente entre la asociación civil y a lo que se dedicaba verdaderamente él, que además era público, como lo reportaron diversos medios de comunicación.

Pablo Gómez señaló que muchas de estas asociaciones se dedican a la política, lo cual es un derecho ciudadano, pero sin subsidio público; a menos de que hagan un partido, como lo establece la Constitución y la ley. Y aseguró que por lo menos deberían tener la obligación de informarle al pueblo de México qué es lo que hacen con estas cantidades, que no son pequeñas.

Destacó que los mexicanos estamos obligados a pedir permiso al Congreso para prestar servicios a gobiernos extranjeros. ¿Recibir donaciones es o no equivalente a prestar cierta clase de servicios o estar bajo la supervisión de gobiernos extranjeros?, una pregunta que hay que responder, concluyó.