En 48 años al frente del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez ha permitido la mutilación de su contrato colectivo de trabajo (CCT), pero tras la privatización de Teléfonos de México (Telmex), hace más de tres décadas, esta situación se agudizó causando severas afectaciones en cláusulas fundamentales, señalaron representantes de grupos disidentes.

El caso más reciente ocurrió en enero de 2023, cuando en una consulta se aprobó el acuerdo del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y la empresa para modificar la cláusula 149, a fin de reducir en 20 por ciento la jubilación por años de servicio laborados a quienes ingresen a Telmex a partir de ese año, indicó José Refugio Cano, miembro de la Unión de Telefonistas en Lucha y Resistencia.

Otra regresión se dio en 1989, en el contexto de la privatización de Telmex, con la anuencia de Hernández Juárez, quien hace unos días se religió por decimotercera vez hasta 2028, y así sumar 52 años al frente del STRM.

Pablo Lugo Colín, integrante de la corriente Telefonistas Construyendo Democracia, detalló que ese año se pactó un convenio de concertación que modificó la cláusula 27 inciso g, y ahí se perdió la bilateralidad, por lo que la empresa es la que decide si otorga o no las vacantes de acuerdo con las necesidades de servicio.

Estimó que alrededor de 22 mil plazas, correspondientes a personal que se jubiló o falleció, no se han cubierto desde 1990, cuando se privatizó Telmex. Agregó que antes de ese año el personal activo ascendía a 42 mil 264 trabajadores y actualmente hay 20 mil 318, quienes ya no reciben reparto de utilidades, puesto que la empresa ha reportado pasivos.

Cano reprochó que tras la privatización de Telmex no sólo se incorporaron cambios tecnológicos, sino también importantes modificaciones en materia laboral, con la pérdida de materia de trabajo que se canalizó a nuevas empresas y filiales y la desaparición de derechos laborales.