Madrid. Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, decidió pasar a la ofensiva y presentar una querella por prevaricación y revelación de secretos contra del juez Juan Carlos Peinado, del Tribunal Superior de Madrid y responsable de la instrucción del caso en su contra por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

Al igual que hizo el mandatario, quien decidió ordenar a la Abogacía del Estado presentar una querella por prevaricación contra el juez Peinado, ahora Begoña Gómez, por conducto de su abogado, el ex ministro socialista de Interior, Antonio Camacho, presentó una demanda similar.

En ella, además, se acusa al magistrado de realizar una instrucción perversa y prospectiva, totalmente prohibida en contra suyo, y de haber revelado datos clave de la causa cuando estaban bajo secreto de sumario, entre ellos su primera declaración, la cual fue grabada.

En el caso de la querella de Gómez contra el juez Peinado, su litigante argumenta que se instruyó en contra de su defendida una causa general de forma inusual, errática y prospectiva, además de señalar al impartidor de leyes de haber realizado instrucciones judiciales manifiestamente injustas, injustificadas y sin amparo legal, que sería precisamente lo que sustenta la querella por prevaricación que, de ser aceptada, podría suponer la expulsión del juez de la carrera judicial.

El caso contra Begoña Gómez comenzó por sendas denuncias del sindicato de extrema derecha Manos y Limpias y la asociación Hazte Oír, que se basaron en publicación en medios de comunicación, en las que se denunciaba supuestas reuniones en el Palacio de La Moncloa entre la acusada, empresarios y representantes de la universidad pública madrileña, que posteriormente fructificó en beneficio de su actividad profesional.

Gran parte de la denuncia se basa en estos reportajes, que, además, contrastan con las conclusiones de la Unidad Especializada de la Guardia Civil y de la propia Fiscalía española, que propusieron archivar la demanda, pese a lo cual el juez decidió no hacerlo.

En ese empecinamiento se basa también la denuncia contra el juez por parte de la Abogacía del Estado, en representación de Pedro Sánchez, quien argumenta, entre otras cosas, que se vulneraron los derechos de la institución que representa.