e acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2023 se registraron 31 mil 62 homicidios a nivel nacional, una cifra inferior a los 33 mil 287 reportados en 2022. En comparación con el máximo de 36 mil 685 perpetrados en 2018, la merma es de 5 mil 623 casos o 15 por ciento. De las tres entidades con peores números, dos (Guanajuato, con 3 mil 746 homicidios y Chihuahua, 2 mil 396) son gobernadas por la derecha y una (Baja California, 2 mil 642) por la autodenominada Cuarta Transformación.
Lo más destacable del reporte del Inegi es que se trata de la primera vez en tres sexenios que un gobierno entrega mejores cuentas de las que recibió; sin embargo, la tasa y el total de muertes violentas continúan fuera de cualquier parámetro aceptable. Aunque haya sectores sociales reacios a admitir que el primer periodo de la 4T ha comenzado a revertir el desastre de inseguridad generado por el calderonato y empeorado en el peñato, lo cierto es que se dispone de indicadores que respaldan la realidad de la mejoría más allá de filias y fobias ideológicas.
Uno de los más significativos se encuentra en los montos históricos de inversión extranjera directa percibidos y los anunciados para el futuro próximo: sólo en el primer semestre de este 2024, la Secretaría de Economía ha recabado 143 anuncios de inversión que en conjunto representan más de 45 mil millones de dólares, los cuales ingresarán al país en los dos o tres años por venir. Es sabido que la iniciativa privada siente poco entusiasmo por administraciones progresistas como la presente en México, por lo que estas inversiones no pueden achacarse a afinidades políticas, sino a las condiciones objetivamente favorables para los negocios.
El panorama descrito habilita a hablar de aciertos en la estrategia de seguridad pública y combate a la violencia puesta en marcha por el Ejecutivo federal. En particular, refleja el salto cualitativo y cuantitativo entre la extinta Policía Federal, surgida de y para la corrupción, y la Guardia Nacional que ha alcanzado una presencia territorial y una capacidad de respuesta con las que la primera nunca contó –ni pudo haber contado, puesto que sus mandos formaban parte del problema que debían solucionar–. También supone una reivindicación del lema abrazos, no balazos
, el cual ha sido tergiversado de forma malintencionada por las derechas políticas y mediáticas.
Como ha explicado la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, esta frase se inscribe en un cambio de paradigma basado en el uso de la inteligencia policial en el combate a la delincuencia a fin de dejar atrás las incursiones reactivas que a menudo tuvieron como principal víctima a la población. Tanto los arrestos de cabecillas criminales como los decomisos de drogas y el descenso en el número de homicidios demuestran que el lema nada tiene que ver con ofertas de impunidad.
Que se camine por el camino correcto no significa que los problemas estén resueltos. Queda claro que las cifras de homicidios y otros ilícitos siguen siendo inaceptables, por lo que es imperativo reforzar lo que se está haciendo bien y optimizar todo aquello que esté equivocado o sea susceptible de mejora. Asimismo, es inocultable la existencia de focos rojos que exigen la atención inmediata de las autoridades; por ejemplo, el inquietante dato de que uno de cada cuatro comerciantes se ve obligado a pagar extorsiones (el llamado cobro de piso) para que los grupos criminales le permitan trabajar; o el severo deterioro de la seguridad pública en Chiapas, donde comunidades enteras han quedado atrapadas entre las bandas que se disputan el control de las vías fronterizas. En este sentido, es una señal saludable que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reconociera las dificultades en la región chiapaneca de La Concordia, y cabe esperar que dicho gesto se traduzca en acciones contundentes tanto en las semanas que le restan a su gestión como por parte del equipo de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
