La iniciativa de reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría impactar directamente en el funcionamiento de la Judicatura al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el cual las consideraciones políticas podrían fácilmente superponerse a los méritos objetivos de un candidato, señaló la relatora especial de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, en respuesta a un escrito enviado por jueces y magistrados mexicanos referente a las modificaciones legislativas que se discuten en diversos foros.

Al texto firmado por juezas de distrito y secretarios de tribunales federales con residencia en Zacatecas, Puebla, Nuevo León, la Ciudad de México, Baja California y Michoacán, la relatora respondió que las preocupaciones se intensificarían en un contexto de desconfianza que podría existir alrededor de los procesos de selección y la falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil.

Según Margaret Satterthwaite, las reformas propuestas no especifican los criterios aplicables a la selección de candidatos por cada rama de gobierno. Tampoco incluyen disposiciones relacionadas con el umbral de votos necesarios para garantizar la legitimidad de las elecciones.

Además, añade el documento de la relatora, las modificaciones propuestas carecen de un mecanismo que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen los requisitos de formación, aptitud e integridad. Al contrario, la iniciativa de reforma traslada al Senado la responsabilidad de verificar que los candidatos a magistrado de circuito y jueces de distrito cumplan los requisitos de elegibilidad el artículo 95 de la Constitución. Al atribuir dicha responsabilidad a una entidad política como el Senado, la iniciativa de reforma no asegura la participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de selección de candidatos.

Considera que la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de relección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas.