En un detallado análisis, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que las declaraciones de tres testigos colaboradores que acusan a elementos del Ejército de haber participado en la detención y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no han sido consistentes y son contradictorias, pues los militares que actuaron cuando ocurrieron los hechos en ningún momento tuvieron contacto con los estudiantes.

Apunta que las imputaciones son diametralmente opuestas a hechos que han sido probados ampliamente respecto a lugar, tiempo y circunstancias en que el personal militar actuó durante los hechos de la llamada Noche de Iguala.

La dependencia castrense argumenta además que en ninguna de las más de 20 mil comunicaciones intervenidas por la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) participan militares, sino que “son diálogos entre miembros de Guerreros Unidos (…) que refieren tener relación con personal militar, sin mencionar nombres o hechos que pudieran ser corroborados o actividades ilícitas que pudieran ser investigadas”.

Agrega que del 30 de marzo al 25 de abril de 2014 –meses antes de los hechos– la DEA también logró interceptar mensajes en los que miembros del grupo criminal se refieren a tenientes, militares, “guachos”, esto sin que pueda afirmarse que se trata de personal del Ejército Mexicano, como se aprecia en el contexto de las conversaciones.

El señalamiento de contradicciones que hace la Sedena se basa asimismo en extractos de algunas declaraciones que realizaron tres testigos colaboradores identificados como Juan, Carla y Neto entre 2015 y enero de 2024, y en argumentos presentados por la defensa legal del personal militar inculpado.

Esta información forma parte de los anexos del reporte que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó hace unos días a los familiares de los normalistas, en los que el mandatario se ha basado para asegurar que no existe prueba alguna de que personal castrense haya participado en los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

El anexo publicado ayer incluye la posición de la defensoría militar, que califica de inverosímiles las declaraciones de los testigos colaboradores. Señala que eran miembros de la delincuencia organizada y fue sólo hasta después de ocho declaraciones (cuando) finalmente recordaron que los militares participaron en los crímenes.

Incluso presenta la hipótesis de que los tres testigos fueron aleccionados para dar sustento a la afirmación de la supuesta participación del personal militar.

La secretaría a cargo del general Luis Cresencio Sandoval presenta un cuadro comparativo entre lo declarado por los testigos y observaciones del personal militar.

En una declaración del 10 de febrero de 2020 ante las autoridades ministeriales, el testigo protegido Juan (cuya identidad es Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil, quien al momento de los hechos era jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala y en el proceso rindió 11 declaraciones) pidió que estuviera presente Carlos Beristáin, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El testigo aludió a que la noche de los hechos soldados participaron en la detención de los normalistas; agregó que algunos militares se llevaron a varios jóvenes a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería para torturarlos, que al mando estaba el capitán José Martínez Crespo y que una serie de mandos del Ejército estaban en la nómina de Guerreros Unidos, entre otras acusaciones.

Contra eso, las observaciones realizadas por la defensoría militar señalan que el testigo estuvo asesorado por uno de los miembros del GIEI y agregan que de acuerdo con declaraciones de normalistas sobrevivientes, las detenciones las realizaron policías municipales. El Ejército no se llevó a ninguno.

El álbum

El testigo identificado con el nombre clave Carla (su nombre es Carlos Leyva González) rindió cinco testimonios. En el último, registrado el 24 de enero de 2024, recordó nueve años después del evento los apellidos de efectivos castrenses que respondían a Guerreros Unidos, tras identificarlos en un álbum de fotos creado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj). Expresó que no lo había dicho antes porque temía por su vida.

En respuesta, la defensoría militar criticó que se haya señalado a los soldados con base en dicho álbum, que constaba únicamente de ocho fotografías de personal militar, sin las formalidades de ley. Además, esto lo hizo dos días después de que se libró una nueva orden de aprehensión en su contra por hechos diferentes a los que se investigaban.

El testigo Neto (identificado en el informe como Ernesto Ramírez Gómez) hizo cuatro declaraciones entre febrero de 2021 y enero de 2024.

En las primeras se refirió genéricamente a personal militar, de acuerdo con la Sedena. En la última, efectuada el 25 de enero de este año, identificó a siete militares también con base en el álbum de fotos de la Covaj, lo cual es criticado por la defensoría militar con el argumento de que se realizó sin las formalidades de ley.