En el anexo de su primer reporte sobre el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta como otro elemento para mostrar que no se ha encontrado prueba sobre la participación directa del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas, la sentencia de la Corte de Inmigración de Estados Unidos que concede asilo a Ulises Bernabé, ex juez de barandilla de Iguala, Guerrero, cuya extradición exigen las familias de los estudiantes, ya que un grupo de los jóvenes habrían sido llevados a la estación de policía cuando él estaba en funciones.

El jefe del Ejecutivo expone en el informe que el señalamiento contra los militares se basa sólo en dichos de Bernabé y de la periodista Anabel Hernández, quienes expusieron que los normalistas nunca fueron detenidos por la policía de Iguala ni retenidos en el centro de detención y que, en cambio, el Ejército y la policía federal participaron y estuvieron presentes durante los ataques y la desaparición de los estudiantes la noche del 26 de septiembre del 2014.

Según la sentencia de la corte, el ex juez de Iguala (quien llegó a Estados Unidos en abril de 2015 y presentó su solicitud de asilo el 6 de julio de ese año) declaró que eran los militares quienes tenían la custodia de los estudiantes.

Además, indicó que la noche de los hechos acudieron miembros del Ejército, policía y funcionarios estatales a la estación de Iguala, quienes sólo le dijeron que había una alerta roja que involucraba a algunos estudiantes, autobuses y tiroteos en la zona, y registraron la comisaría.

Las autoridades estadunidenses exponen que Bernabé ha expresado su temor de regresar a México por ser perseguido a causa de las denuncias que ha hecho y que su familia ha estado en vigilancia militar, que el Ejército sigue buscándolo y que si regresara sería detenido y torturado.

En los argumentos que presentó el ex juez, señala que tras la desaparición de los normalistas, 22 policías de Iguala fueron severamente golpeados y torturados, incluyendo descargas eléctricas en los genitales, para obligarlos a asumir su responsabilidad en el secuestro y asesinato de los jóvenes.

En la sentencia se presenta también un resumen del testimonio de la periodista Anabel Hernández. Se expone que Bernabé habló en entrevista con ella por primera vez en octubre de 2014 y después en otras dos ocasiones.

Se menciona que Hernández ha investigado a fondo el asunto y ha descubierto que la policía federal y el Ejército Mexicano estuvieron implicados en la desaparición de los normalistas, así como que las declaraciones del ex juez a la periodista la llevaron a descubrir una gran cantidad de información de prueba contra los militares.

La corte estadunidense indica que tras examinar las pruebas, el testimonio de Bernabé es creíble, porque varios temas que expuso fueron consistentes con las pruebas del expediente y el relato sobre lo que presenció la noche del 26 de septiembre fue corroborado con los descubrimientos realizados por Hernández.

En contraste, advierte que el Departamento de Seguridad Nacional, que defiende la ficha roja emitida por la oficina en México de la Interpol para la detención de Bernabé, no presentó pruebas que refutaran el temor fundado que manifiesta el ex juez por la posible persecución.

Las autoridades estadunidenses exponen que con base en las más de 61 pruebas recabadas, resulta inverosímil que un departamento de policía municipal tenga la influencia y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento y desaparición de los estudiantes; en cambio, es mucho más plausible que el gobierno mexicano y la policía federal fueran los responsables.