Brasilia. La protección de las comunidades indígenas de Brasil frente a la violencia de acaparadores de tierras y ganaderos fue insuficiente en 2023, cuando más de 200 indígenas fueron asesinados, lo que representa un aumento de 15.5 por ciento respecto a 2022, aseveró el Consejo Indigenista Misionario (Cimi).

En su informe Violencia contra los pueblos indígenas, el Cimi precisó que en 2023 fueron perpetrados 208 asesinatos, un aumento de 15.5 por ciento sobre 2022.

Es el peor dato en cuatro años, y va en dirección contraria a la tendencia de reducción de homicidios de Brasil; según el Forum Brasileño de Seguridad Pública, los asesinatos cayeron en el país 3.4 por ciento en 2023.

El Cimi, una organización de la Conferencia Episcopal de Brasil, detalla otras formas de violencia, como los 670 niños indígenas de entre cero y cuatro años que murieron por causas evitables o los 180 que se suicidaron en muchos casos debido a conflictos territoriales.

Contabilizó mil 276 casos de hostilidad, distribuidos entre morosidad en la regularización de tierras (850), conflictos (150) e invasiones, explotación ilegal de recursos naturales y daños diversos al patrimonio (276).

Los datos corresponden al primer año del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que a pesar de haber revertido en parte las políticas de su predecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), para los autores del informe no ha estado a la altura de las circunstancias.

Destaca que, en el primer año de Lula, sólo ocho tierras indígenas fueron demarcadas, y aunque reconoce que el gobierno se esforzó en expulsar a los garimpeiros (buscadores ilegales de oro) de la tierra yanomami, esa acción cayó en la inercia sin que el garimpo se haya desarticulado. La morosidad y la ausencia de una señal clara del gobierno federal en defensa de los territorios indígenas tuvieron una influencia directa en el alto número de conflictos registrados, muchos de ellos con intimidaciones, amenazas y ataques contra comunidades indígenas, dice el informe.

El Congreso, de tendencia conservadora, también aprobó un proyecto de ley que limita las reclamaciones de tierras indígenas, a pesar de que los derechos a sus tierras ancestrales están consagrados en la Constitución.