El Poder Judicial se niega a emitir la orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen señalado como probable segundo tirador en el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante esto, detalló, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una apelación ante un tribunal colegiado, el cual no ha dado respuesta en siete meses; y en caso de que confirme la negativa, no procedería ningún (otro) recurso, por lo que tendría que iniciarse de nuevo el proceso con el riesgo de que, por turno, correspondería de nuevo al juez que no otorgó la orden de captura.

Es de recordar que la FGR retomó hace unos meses la hipótesis del segundo tirador en el crimen contra el ex candidato del PRI a la Presidencia perpetrado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California.

De acuerdo con la nueva indagatoria, Sánchez Ortega había sido detenido, pero fue rescatado por Genaro García Luna, quien entonces era parte del Cisen y años después, en el sexenio de Felipe Calderón, se convirtió en secretario de Seguridad Pública.

En la mañanera de ayer, el mandatario federal dio a conocer un informe que recientemente le envió el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, con detalles del caso: la solicitud de la orden de captura el 30 de octubre del año pasado ante el juzgado quinto de distrito de procesos penales federales en el estado de México; la negativa a aceptar la competencia de ese juzgado un día después, declinándolo al juzgado primero de distrito, y luego el 7 de noviembre este juez lo devolvió al quinto de distrito. Estuvieron ahí peloteando para no conceder la orden de aprehensión.

En el reporte, la FGR señala que el 5 de enero de este año el juzgado quinto de distrito negó la orden de arresto contra Sánchez Ortega, por lo que tres días después se presentó una apelación en el primer tribunal colegiado, sin embargo, siete meses después ese órgano ni siquiera ha agendado el caso para discusión y sigue demorada la resolución.

La información leída por el jefe del Ejecutivo refiere que el 11 de junio de 2024 el ministerio público federal solicitó audiencia con el magistrado Josué Osvaldo Garduño Sánchez, del primer tribunal colegiado, quien comentó que el tiempo para resolver el recurso de apelación planteado sería en promedio de cuatro meses, pero siete meses después no se ha dado.

Así, el pasado 15 de julio la FGR volvió a revisar –como lo hace cada lunes desde que en enero presentó la apelación– la lista de asuntos a analizar en dicho tribunal, pero no se encontraba contemplado para la sesión del 18 de julio (hoy).

Tras todo ese viacrucis legal, López Obrador consideró que en el Poder Judicial no quieren resolver el caso.

De acuerdo con el documento de la FGR, los jueces y magistrados no han tomado en consideración las pruebas que ha presentado.

Agregó que en caso de que el tribunal confirme la negativa de emitir la orden de arresto, no procedería ningún recurso en virtud de que ni el código procesal ni la ley de amparo lo prevé.

De ser así, la FGR tendría que reiniciar el ejercicio de la acción penal, perfeccionando los medios de prueba que sean necesarios, atendiendo los argumentos del tribunal colegiado.

Aunque con el riesgo de que, por turno, caiga en manos del mismo juez de distrito con el que se inició la demanda y negó la captura, y que ya se encuentra predispuesto en su criterio, por lo que se procurará invocar alguna causa de impedimento, es decir, que sea otra instancia, otro juzgado, la que lo atienda.