in convencer a nadie, salvo a los aplaudidores oficiales, el ministro Javier Laynez Potisek intentó esforzarse durante su presentación en el parlamento abierto sobre la reforma al Poder Judicial para defender la idea de que no deben cambiarse las reglas, y como colofón dijo: me rehúso a creer que 30 años después este sistema sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias.

El togado se refería a la reforma que tres décadas atrás hiciera el entonces inquilino de Los Pinos, Ernesto Zedillo, por medio de la cual y de un plumazo corrió a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los repuso con un nuevo equipo acorde a sus gustos e intereses. Obviamente, Laynez Potisek es tajantemente contrario a que se modifique la reforma zedillista. De hecho, de forma muy diplomática, exige que a ella no se le toque ni con el pétalo de una rosa.

Sin embargo, ayer el presidente López Obrador se refirió a tal reforma e indirectamente al posicionamiento de Laynez Potisek y demás opositores a los cambios, y lo hizo con un solo ejemplo: el Poder Judicial tiene desde hace meses retenidas audiencias y resoluciones sobre el pago de impuestos de grandes corporaciones. Son asuntos parados en el Poder Judicial. No voy a dar a conocer todos los casos, pero debe de haber 10 que significan como 100 mil millones de pesos, y los deudores gozan de la impunidad que les garantiza un ministro, o varios, de la SCJN, quienes mantienen los expedientes en el fondo de su escritorio para que los potentados estén tranquilos.

Y a esos asuntos fiscales convenientemente parados en el Poder Judicial deben sumarse cualquier cantidad de liberaciones, amparos, sobreseimientos, exoneraciones y demás mañas de jueces, magistrados y ministros, quienes un día sí y el siguiente también tienen la gentileza de regresar a las calles a todo tipo de delincuentes (con los de cuello blanco y los narcos en destacada posición). Entonces, por mucho que se rehúse a aceptarlo, si eso no es corrupción, ineficiencia, impunidad o tráfico de influencias, pues que el ministro Laynez Potisek tenga la amabilidad de explicar de qué se trata.

Uno de los casos más sonados (con más de tres lustros de historial, desde tiempos de Felipe Calderón) es el de Ricardo Salinas Pliego y su adeudo fiscal por 63 mil millones de pesos, monto que crece día tras día por la suma de multas, recargos, actualizaciones y demás que, por ley, aplica el Servicio de Administración Tributaria.

Casi un año atrás, el presidente López Obrador denunció que el ministro Luis María Aguilar Morales ejerció la facultad de atracción para atender personalmente el litigio fiscal contra Ricardo Salinas Pliego, pero en lugar de pronunciarse, simplemente lo archivó en el último cajón de su escritorio durante no menos de 10 meses, lo que da puntual cuenta de cómo los impartidores de justicia no hacen su trabajo, sino que se dedican a proteger a los barones. ¿Para quién trabaja el ministro?, preguntaba entonces el presidente López Obrador, y la respuesta resulta más que obvia.

Y aunque Laynez Potisek se rehúse a aceptarlo, si este delicado asunto se hizo de conocimiento público fue gracias a lo denunciado por el mandatario, lo que de una u otra suerte zarandeó al Poder Judicial, aunque, si bien el empresario ha sido condenado a pagar otras facturas fiscales pendientes, a estas alturas se mantiene en condición de evasor, siempre bajo el cobijo de los togados.

Ante tal panorama, el presidente López Obrador anunció: vamos a dar a conocer la lista de los casos en donde hay deudas con la hacienda pública y han pasado, en algunos casos, un año y no hacen nada, o sea, están archivados los expedientes, es decir, evasores con protección plena de los impartidores de justicia.

Por cierto, como cápsula de memoria, Laynez Potisek fue Consejero Jurídico Adjunto del Ejecutivo Federal con Ernesto Zedillo y Vicente Fox en Los Pinos; encargado de las reformas constitucionales, especialmente al sistema de seguridad pública y la energética de Enrique Peña Nieto, quien lo hizo ministro de la SCJN, junto a Norma Piña, quien no ha dicho ni pío sobre su encuentro en lo oscurito con Alito Moreno y magistrados electorales. Entonces, la justicia es ciega o en realidad utiliza antifaz.

Las rebanadas del pastel

A los iracundos cuan irracionales perdedores en el pasado 2 de junio que hoy se retuercen y vociferan contra la sobrerrepresentación en el Congreso, nada mal les caería la lectura delartículo 54 constitucional.

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