a próxima presidenta ha repetido varias veces que no habrá reforma fiscal y que la deuda se mantendrá en los parámetros actuales. Esta decisión tiene que razonarse en términos de la situación presupuestal con la que operará el siguiente gobierno. La situación fiscal prevista en los próximos años parece mostrar complicaciones presupuestales que será difícil resolver. Se tendrán que aumentar las asignaciones a programas sociales por la pensión del bienestar a mujeres de 60 años en adelante y becar a todos los estudiantes de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria.
El gobierno de AMLO, en su momento, se comprometió a que no habría reforma fiscal, ni crecería la deuda como proporción del PIB. Advirtió que atacando la corrupción y con austeridad era posible financiar los programas sociales que proponía. En sus seis años de gobierno los recursos presupuestales fueron suficientes para financiar los programas sociales, pero en términos de deuda, hubo endeudamiento neto adicional en 2024 para cerrar los proyectos de inversión estelares.
La pregunta obvia para el próximo gobierno es ¿hay recursos para enfrentar estas asignaciones presupuestales? La respuesta es que no se ve cómo podrán financiarse. Esta dificultad se incrementa ya que el déficit fiscal de 2024 terminará en 5.9 por ciento del PIB y se propone llevarlo en 2025 a 3.5. Además, queda poco espacio en las finanzas del sector público para recuperar recursos en fideicomisos, gastos innecesarios y remuneraciones fuera de la ley. Así que resulta indispensable incrementar los ingresos públicos. Hay dos fuentes: las tributarias y las no tributarias. La posibilidad de aumentar los ingresos presupuestales no tributarios existe, pero es insuficiente. Queda la deuda y aumentar ingresos tributarios.
Para fundamentar el incremento a la recaudación fiscal puede aprovecharse el consenso entre gobiernos y economistas progresistas del mundo. En el G-20, se está planteando gravar a los superricos del mundo. Se ha encargado a Gabriel Zucman elaborar una propuesta para instrumentar este gravamen. Por otro lado, un grupo importante de economistas reunidos recientemente en Berlín en el seminario Recuperar para el pueblo
( Winning back the people) difundió la Declaración de Berlín con consideraciones para construir un futuro compartido. En México, un grupo de economistas divulgó un documento titulado Para la prosperidad, reforma fiscal justa
. Entidades relevantes, como Oxfam, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, Fundar, el Instituto de Estudios sobre Desigualdad y otros, propusieron que construyamos un sistema fiscal que reduzca desigualdades y logre un crecimiento sustentable.
La situación actual exige que los gobiernos resuelvan problemas creados por décadas de dominio de los mercados. Para un futuro distinto al que nos llevaba el Consenso de Washington, para recuperar a favor de la gente es necesario remplazar el liberalismo de mercado. La Declaración de Berlín señala que es necesario “enfrentar las desigualdades en la riqueza y el ingreso reforzadas por las herencias y los automatismos de mercado, fortaleciendo el poder de los pagados pobremente a través impuestos apropiados a los altos ingresos y riquezas, asegurando que se reduzcan las desigualdades…”
En el G-20 se ha propuesto una tributación progresiva en la que los superricos del mundo paguen un impuesto anual de por lo menos el 2 por ciento de su riqueza. De acuerdo con Zucman, algunos de los 3 mil ultrarricos del mundo no pagan ningún impuesto por sus ingresos anuales. Zucman informó que 20 o 30 mexicanos milmillonarios (personas cuya riqueza acumulada supera los mil millones de dólares) y cerca de mil cienmillonarios (más de cien millones de dólares de patrimonio) tienen más de 200 mil millones de dólares depositados en bancos del extranjero, lo que equivale a 15 por ciento del PIB mexicano.
Oxfam y otras entidades han hecho 12 propuestas fiscales (ver La Jornada 16/7/24) para impulsar un desarrollo económico que sea sostenible e incluyente
. La nota de La Jornada destaca modificar tramos y tasas del ISR aumentando su incidencia en los estratos de mayores ingresos; limitar beneficios fiscales para los ingresos altos; fortalecer la capacidad administrativa de los gobiernos locales para recaudar impuesto predial, y un impuesto que sorprende: a aviones privados y yates (México es el segundo país en el mundo con más jets privados).
De modo que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad para actuar fiscalmente. No es necesario sostener que la situación tributaria no va a cambiar. Por el contrario, el momento es globalmente oportuno. Pueden introducirse modificaciones fiscales fundamentadas en la justicia tributaria, al tiempo que lo hacen otros países del G-20 y que permitirían incrementar ingresos públicos en condiciones sustentables y equitativas.
