Guadalajara, Jal., En 11 de los 20 consejos distritales de Jalisco hubo presencia de servidores públicos que tuvieron un claro conflicto de interés favorable a Movimiento Ciudadano (MC) y a su candidato a la gubernatura, Pablo Lemus”, de acuerdo con la denuncia que Morena presentó ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) de Jalisco.

En la querella de 310 páginas, el partido guinda enlistó a por lo menos 336 funcionarios públicos que fueron representantes de MC o estuvieron presentes en los cómputos sin tener derecho a ello, como establecen las normas electorales.

Lo anterior se suma a las presuntas anomalías denunciadas en el juicio de inconformidad promovido por Morena en el estado para invalidar la elección de gobernador del pasado 2 de junio.

La impugnación presentada ante el TEE y que los morenistas anticipan resolverá al final el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señala que la participación de funcionarios públicos ligados a MC y distribuidos en casi todas las sedes de cómputo de votos en el estado fue una violación generalizada, constante y recurrente al artículo 134 de la Constitución general, así como 12 y 116 bis de la de Jalisco.

En el recurso se revela el nombre de los empleados del gobierno estatal o municipales vinculados al partido naranja que intervinieron activamente en funciones electorales en días y horarios hábiles, de acuerdo al marco jurídico como consejerías en los cómputos distritales, la defensa del voto y los resultados electorales.

Entre ellos hay tres presidentes de distrito electoral, como el del 7, Dante Rosales, quien es jefe de información fundamental del ayuntamiento de El Salto, de origen naranja; Francisco Mendoza, en el distrito 14, director de desarrollo organizacional en Tlaquepaque; y David Mora, en el 10, quien trabaja por honorarios en la Coordinación de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco.

Además, como consejeros estuvieron, en el distrito uno, Pavel Rodríguez, quien trabaja como jefe del Departamento de Métodos del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. En el 4, María del Consuelo León, directora de Fortalecimiento de la Familia del DIF Jalisco.

En el distrito 5, Gladys Díaz, quien fue encargada de la Oficina Regional de Puerto Vallarta de Unidad Regional de Servicios Estatales. En ese mismo distrito se denuncia la presencia como consejero de Arnulfo Bayardo, brigadista de la Secretaría de Salud Jalisco.

En el distrito 6, María Fernández, empleada de la Secretaría de Desa-rrollo Económico. En el 10, Jenny Martínez, coordinadora especia-lizada F en la Secretaría de Transporte de Jalisco, y Oswaldo Gutiérrez, jefe de la Unidad Departamental A de la Coordinación de Desarrollo Económico de Guadalajara.

En el distrito 13, tres consejerías recayeron en funcionarios que la denuncia identifica como ligados a MC: Karina Barba, jefe de Unidad Departamental en la Secretaría General de Gobierno de Jalisco; Mariana Ayala, funcionaria pública del Instituto de Transparencia e Información (ITEI), y Ximena Raygoza, funcionaria también del ITEI.

En el 13, Jorge Gómez, coordinador jurídico de la Contraloría del Estado de Jalisco; en el 14 también hubo supuestos funcionarios públicos participando como consejeros: Omar Rivas, auditor especializado C en el ayuntamiento de Guadalajara”; Lucía Rosales, de la unidad en la contraloría de Guadalajara y anterior empleada del ITEI además de Alejandra Célis, empleada de base del Congreso estatal.

En el distrito 20, Fabián Muro, a quien se le encontraron contratos de prestación de servicios con el Sistema de Asistencia Social de Jalisco durante el actual periodo alfarista.