En el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemoró ayer, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a las autoridades electas de los tres niveles de gobierno a adoptar una agenda para cumplir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Lamenta que a siete años de la adopción de esta norma aún hay pendientes importantes, como contar con un programa nacional para prevenir y sancionar estos delitos. Las víctimas, subrayó, demandan acciones puntuales y éstas no pueden posponerse.

Indicó que la Estrategia Nacional contra la Tortura, emitida por la Secretaría de Gobernación en 2023, pese a que es un esfuerzo loable, no suple la obligación de adoptar una política pública que siente las bases para combatir ese flagelo a escala nacional.

Apremió a avanzar en el acceso de las víctimas a la justicia, ya que muy pocas personas han sido sancionadas por cometer esos actos, así como a consolidar el Registro Nacional del Delito de Tortura y actualizar el protocolo homologado de investigación. Además, es necesario que las fiscalías del país adopten planes de persecución penal, indicó.

La ONU-DH recordó que persiste una deuda en la atención y reparación a las víctimas. Señaló que ni la federación ni los estados han adoptado programas de rehabilitación, a pesar de que la citada ley general así lo demanda.

En un documento aparte, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y la Organización Mundial contra la Tortura, entre otros, llamaron al gobierno federal electo a retomar los desafíos y compromisos pendientes para combatir este flagelo y la atención integral a los sobrevivientes y sus familias.

El titular de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Prevenir y Sancionar la Tortura, Jesús Peña, afirmó que la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) debe considerar premisas obligatorias como el respeto a la autonomía judicial, el derecho a un juicio justo, a la defensa adecuada, a la presunción de inocencia y a la libertad personal, y se manifestó en favor de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.

En un foro en el que el Instituto Federal de Defensoría Pública presentó herramientas para combatir actos de tortura y tratos crueles, el representante de la ONU aseveró que la reforma judicial debe partir del reconocimiento al destacado rol que ha tenido el PJF en la lucha contra la tortura y los criterios que desde hace al menos 10 años se han dictado.

Señaló que la discusión sobre una eventual reforma al PJF debe expandirse al sistema de justicia en su conjunto y responder efectivamente a los temas de preocupación de la ciudadanía, ya que una reforma de esta naturaleza debe partir de un diagnóstico claro, basado en evidencias, surgido de un diálogo claro, honesto, plural y debe orientarse a materializar resultados tangibles, sujetos a plazos verificables.