Madrid. Aumentan los problemas judiciales en Andorra para Juan Ramón Collado, el que fuera el abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto y un supuesto operador financiero de decenas de empresarios y políticos mexicanos que buscaban blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. Collado, actualmente en libertad después de haber estado cuatro años en la cárcel en México, está siendo investigado en otra causa sobre un presunto delito de lavado a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) y en la que también estaría involucrado Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Según reveló una investigación del diario español El País, la nueva indagatoria abierta contra Collado y el sobrino de Salinas de Gortari es llamada Operación Monterrey y está siendo dirigida por la jueza Canòlic Mingorance.

Según el periódico español, “la causa investiga un traspaso interno –un sistema de envío de fondos entre dos clientes de un banco que no deja rastro– de 450 mil dólares. Collado transfirió este dinero en noviembre de 2008 al familiar de Salinas a través de las cuentas que ambos manejaron en la BPA.

“Para blindar el anonimato de la transacción, el ex letrado de Peña Nieto recurrió a la coraza de su sociedad instrumental (sin actividad) holandesa Turinga CV. Salinas Pasalagua, por su parte, cobró en su cuenta cifrada en la BPA, denominada 441984 Madrigal, que estaba gestionada por el entonces responsable de la entidad financiera andorrana en México, Joan March Masson”. Según El País, la jueza ya ha desgranado que el abogado de Peña nutrió su cuenta en la BPA de capital procedente de la entidad Pershing LLC Jersey City. Y que ésta, a su vez, recibió fondos de la delegación suiza de la firma de fideicomisos y gestión de grandes patrimonios Amicorp.

Collado justificó en 2008 que el dinero que envió a Salinas Pasalagua era fruto de una comisión por actuar como intermediario en la venta de una firma conectada al grupo de comunicación mexicano Radio Digital Siglo XXI. “Sin embargo, la policía de Andorra, que rastrea la operación, cuestiona este movimiento y concluye que el letrado de Peña Nieto no aportó suficiente documentación para demostrar la veracidad de la transacción y estima que no se puede acreditar el origen de los fondos, según el rotativo español.