ras el contundente triunfo de Claudia Sheinbaum en la contienda para la Presidencia de la República y, sobre todo, luego de la inminente confirmación de la mayoría calificada de que dispondrá el partido Morena al menos en la Cámara de Diputados, la agenda mediática ha estado ocupada preponderantemente por la conversación sobre las implicaciones del denominado plan C que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, cuyas reformas constitucionales podrían ser aprobadas en la próxima legislatura, ya sin el contrapeso de los grupos de oposición.
De manera particular, la reforma al Poder Judicial es la que más ha encendido las alarmas por los riesgos que plantea para el acceso a la justicia y para la salvaguarda de la autonomía e independencia de este poder respecto del Ejecutivo. Si bien nos parecen muy pertinentes los análisis y señalamientos críticos que numerosos especialistas han expresado respecto de la reforma judicial, consideramos pertinente poner el foco también en el resto de las reformas anunciadas como prioritarias por Sheinbaum, que presumiblemente se discutirán en las cámaras este año.
Para tratar de comenzar este ejercicio con buen pie es necesario tratar de poner un poco de orden entre la sobreinformación que ha prevalecido sobre este tema. El 5 de febrero el Presidente anunció el plan C, que contiene 18 reformas constitucionales y dos reformas a la legislación secundaria. El 18 de junio, Sheinbaum se reunió por primera vez con diputados y senadores electos de Morena, donde anunció seis reformas prioritarias. De estas reformas prioritarias, sólo dos provienen directamente del plan C: la reforma al Poder Judicial, que implica la modificación de 16 artículos constitucionales, y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho.
Esta reforma para el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos supone transformar su actual condición como entidades de interés público a sujetos de derecho. De acuerdo al documento de iniciativa presentado en el Congreso, esta reforma implica reconocer los sistemas normativos de los pueblos, la consulta libre, previa e informada para cualquier medida legislativa o administrativa que les afecte, la promoción y preservación de su patrimonio cultural, el reconocimiento de las prácticas de medicina tradicional y el reconocimiento de sus medios de comunicación y trabajo comunitario, entre otros. Hasta aquí todo bien, pero se advierte en lo que hasta ahora se sabe sobre esta propuesta de reforma que no plantea con claridad la reivindicación de los derechos territoriales de los pueblos, lo que podría ser eventualmente una alerta.
Además de estas dos reformas que provienen del plan C, tres reformas declaradas como prioritarias se desprenden de las propuestas de gobierno presentadas por Sheinbaum en campaña. Se trata de los apoyos a mujeres de 60 a 64 años, que tendrán derecho a la mitad de la pensión de adultos mayores, es decir, mil 500 pesos mensuales; la ampliación de la Beca Benito Juárez de educación básica a por lo menos 3 millones de personas adicionales en el nivel secundaria y la eliminación de la relección de diputaciones, senadurías y presidencias municipales. Los apoyos a mujeres y la ampliación de las becas implican una reforma al artículo 4 constitucional, y se ha dicho que se promoverían desde antes del inicio de la próxima administración, mientras la eliminación de la relección implica reformar los artículos 115 y 116 constitucionales.
La última reforma prioritaria anunciada es la de la Ley del Issste para las pensiones de los trabajadores del Estado, cuyo contenido se desprende parcialmente del plan C, y que establece el derecho a la jubilación con 100 por ciento del último sueldo para trabajadores con 30 años de servicio y trabajadoras con 28 años de servicio independientemente de su edad. No obstante, el pasado domingo Sheinbaum implícitamente sumó al corpus de reformas prioritarias otra, de enormes implicaciones, que merecería un espacio aparte, al refrendar públicamente su compromiso por promover la reforma a la Guardia Nacional derivada también del plan C, que propone la adscripción de la misma a la Sedena.
Con este gran marco de reformas prioritarias anunciadas en las semanas recientes por la virtual presidenta electa, refrendamos nuestro planteamiento de que pueden ser una gran oportunidad para afianzar y fortalecer la agenda de derechos sociales y económicos que la actual administración ha consolidado. Saludamos los esfuerzos que promuevan la redistribución de los recursos y la reducción de la desigualdad y la accesibilidad a derechos como la educación. Asimismo, creemos que ello abre la puerta para la inclusión de otras agendas pendientes como la ambiental y la cultural. Sin embargo, en ningún sentido estas reformas positivas pueden ser tomadas como moneda de cambio para aceptar el sentido regresivo de otras reformas como la del Poder Judicial o la de la Guardia Nacional, así como otras reformas pendientes incluidas en el plan C que impactarían a los organismos constitucionales autónomos, o que reivindican la prisión preventiva oficiosa.
Como solemos subrayar, a la ciudadanía corresponde permanecer muy atenta a lo que ocurra las próximas semanas y meses, recordando que el principio máximo de la soberanía popular no se agota en los procesos electorales. Con el anuncio de los primeros integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo, así como en el comportamiento público de Sheinbaum ya como virtual presidenta, se han advertido señales de prudencia, apertura al diálogo y disposición a la mediación. Pese a ello, no existen garantías ni certezas respecto de lo que ocurrirá los próximos meses. Bienvenidas sean las reformas para afianzar los derechos humanos en las dimensiones social y económica, pero debemos permanecer en actitud crítica y de parlamento abierto frente a aquellas reformas que pueden significar la vulneración del estado de derecho y el debilitamiento de nuestra democracia.
