La comunidad otomí residente en la Ciudad de México aseguró que continuará con el cierre de la avenida México-Coyoacán, en demanda de que le restablezcan el suministro eléctrico en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, como renombraron al edificio que ocupaba el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el cual mantienen tomado desde hace casi cuatro años.

En conferencia de prensa, algunas de las mujeres que habitan el inmueble detallaron que desde el mediodía del pasado jueves, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó la luz debido a que el INPI no ha pagado el servicio desde que el inmueble fue tomado, en octubre de 2020, para exigir la construcción de vivienda indígena digna en diversos puntos de la capital.

Alertaron que la suspensión de energía ha generado un problema serio con el bombeo de las aguas negras, por lo que temen que el agua potable se contamine y genere enfermedades entre las personas, entre ellas niños, que habitan el lugar. Contaron que es la cuarta vez, en lo que lleva la toma, que les quitan el suministro eléctrico.

Expusieron que con motivo del inicio de las nuevas administraciones, tanto a escalas federal como local, temen que haya un desalojo violento de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes.

Anselma, una de las mujeres originarias que habitan en el edificio, leyó un documento en el que hacen un llamado urgente, porque miramos que en medio del cambio de gobierno, más allá de resolver nuestras demandas, en especial la de vivienda, y continuar las mesas de diálogo, que por cierto no se avanzó en nada, nos quitan la luz.

Los inconformes mantienen el cierre de la vialidad con diversos objetos y un camión de una refresquera que retuvieron. Mientras daban la conferencia de prensa sumaron otro camión, ahora de la CFE, que transitaba a unos metros del edificio.

Los otomíes ya tuvieron una reunión con autoridades del gobierno capitalino, el pasado día 17 de junio, y sostendrán otra el próximo 1º de julio, pero hasta ahora no vislumbran una solución. “Anticipamos que, muy seguramente, se está preparando una salida violenta ‘al conflicto’ como ellos le llaman”, alertaron.

“Adelfo Regino Montes (titular del INPI) está en la antesala de entregar las instalaciones del organismo, pues como han de recordar, a dos años de la creación del instituto, en 2018, sus oficinas centrales le fueron tomadas; es decir, de seis años como titular del INPI, sólo tuvo la gloria de despachar dos años, el resto lo hizo en el exilio.”

Añadieron que es “sorpredente que en casi cuatro años de la toma del INPI no hayan tenido la capacidad de resolver las demandas de la comunidad otomí; mejor dicho, no quisieron”. Comentaron que se prepara la entrega del inmueble al siguiente gobierno con carpetas de investigación, con órdenes de aprehención, no sólo criminalizando la lucha de la comunidad otomí, sino incluso judicializando la denuncia por despojo agravado, y muy seguramente, con una acción de desalojo violento.