Brenda Quevedo Cruz, una de las personas involucradas en el secuetro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, perpetrado en julio de 2005, salió ayer del Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en el municipio de Miaca-tlán, Morelos, informaron fuentes policiales.

Lo anterior, debido a que el juez de primer distrito de procesos penales autorizó el pasado lunes el cambio de medida cautelar de prisión preventiva –que se le impuso hace quince años– por el arraigo domiciliario.

Quevedo Cruz continuará con vigilancia de la Policía Federal Ministerial, deberá usar un localizador electrónico y tiene prohibido salir sin autorización judicial de la zona conurbada de la Ciudad de México y del país; además, no se podrá comunicar o acercar a la víctima indirecta de este caso.

Esta decisión se tomó en cumplimiento de la resolución del primer tribunal colegiado de apelación del primer circuito en el toca penal 176/2022 del 21 de junio, donde se determinó el cese de prisión preventiva como medida cautelar impuesta al considerar que no se justifica la prolongación por tratarse de una medida excepcional y al no existir una necesidad actual y real para que continúe, ya que los factores que en su momento la justificaron han variado con el transcurso del tiempo.

Brenda Quevedo fue detenida el 28 de noviembre de 2007 en Kentucky, Estados Unidos, y extraditada a México el 25 de septiembre de 2009, por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y privación de la libertad en la modalidad de secuestro.

El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) tiene la representación legal de la mujer, y desde septiembre de 2019 impulsó diversas acciones legales con la finalidad de que cesara la medida cautelar de prisión preventiva impuesta dentro de la causa penal 286/2019 del índice del juzgado primero de distrito de procesos penales federales.

Al pronunciarse respecto del fallo, el IFDP apuntó que Quevedo Cruz es sobreviviente de actos de tortura sexual, cometida en el contexto de su detención y privación de la libertad, violaciones que recientemente se acreditaron en la recomendación VG127/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en la opinión 45/2020 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.