Durante el proceso electoral, 6 mil 543 personas en prisión preventiva en el país manifestaron al Instituto Nacional Electoral (INE) su intención de obtener la credencial para votar –alrededor de 10 por ciento de la población objetivo– y sólo 511 lograron concluir el trámite, según un informe presentado ante la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) del organismo comicial.

Alejandro Andrade, coordinador de procesos tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (RFE), explicó que la mayoría no pudo completar el proceso por la imposibilidad de allegarse de algunos de sus documentos para corroborar su identidad, como el acta de nacimiento, y por cuestiones relacionadas con la operación de los centros carcelarios.

Asimismo, en sesión de la CNV, el funcionario respondió a críticas de algunos representantes de partidos, como el Partido del Trabajo, sobre la detección de casos en los que el nombre u otros datos de las personas en prisión no coincidían con la información que tiene el RFE.

Andrade aseguró que las diferencias que captamos fueron mínimas, ya que se trabajó igual que en los módulos de atención ciudadana. Si hubieran significado diferencias sustanciales, el trámite hubiera pasado a análisis registral, lo que implicaría una revisión para ver por qué (la persona) dio datos diferentes y no resultaría procedente el trámite, aclaró.

En el informe se plantean varias propuestas para facilitar la credencialización de este sector, como revisar el modelo de operación, procedimientos y normativa relacionada con la identidad e identificación de las personas en prisión preventiva; la suscripción de convenios, la coordinación con las secretarías de Seguridad federal y locales, así como con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y organismos equivalentes en las entidades federativas, entre otras.