Ante la propuesta de reforma al Poder Judicial planteada por el Ejecutivo federal –que incluye la elección de jueces, magistrados y ministros–, asociaciones, sindicatos y colegios de actuarios están abiertos al diálogo con las autoridades; sin embargo, cada uno se ha pronunciado por que el ejercicio autónomo de la función judicial sea garantizado por el Estado.

La Asociación Mexicana de Juzgadoras reiteró su disposición para participar desde su experiencia en la construcción del nuevo modelo de justicia que se pretende, dijo, en aras de justicia, derechos y libertades que todos quieren en el país.

Hace unos días dio su postura, en la cual subrayó que es necesario analizar los objetivos que se buscan lograr con la reforma judicial, así como valorar y discutir cuál es el mejor camino para lograr esos propósitos.

Añadió que están convencidas de que la independencia judicial es uno de los pilares de las garantías del debido proceso y que el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado, tanto en relación con el Poder Judicial como sistema, como con la persona juzgadora específica.

Incluso la asociación manifestó que para evitar que el sistema judicial y sus integrantes se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial, se debe garantizar un adecuado proceso de nombramiento, así como la estabilidad e inamovilidad en su cargo, para su protección contra presiones externas, como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la relatoría especial de la Organización de Naciones Unidas.

Coincidieron en que abatir la corrupción y juzgar con perspectiva social, así como garantizar una impartición de justicia pronta y expedita, son objetivos loables para buscar una justicia que garantice los derechos humanos de todas las personas, que sin duda nuestra sociedad merece.

El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal reiteró que la elección de juzgadores a través del voto popular podría debilitar la autonomía e independencia judicial, lo cual es un derecho de todos los mexicanos y una herramienta clave para enfrentar arbitrariedades del poder en un Estado democrático de derecho.

Indicó que la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y su remplazo por un órgano de disciplina generará incertidumbre sobre la continuidad de las actuales prestaciones laborales de los más de 50 mil trabajadores, por mencionar algunos temas.