n el Poder Judicial se han tomado muy en serio aquel apotegma del ex presidente José López Portillo, quien en ejercicio de su mandato presidencial no dejó de presumir que su familia tenía prioridad y que ella podía hacer y deshacer sin consecuencia alguna, y que el orgullo de mi nepotismo fue su hijo José Ramón (sin olvidar las barbaridades de su hermana Margarita, la pésima musa; las de doña Cuquita, doña Carmen, con todo y piano; las hijas Paulina y Carmen Beatriz, y su primer círculo, como Rosa Luz Alegría o Sasha Montenegro).

López Portillo transformó la Presidencia de la República, al país en su conjunto, en una gran empresa familiar, y se dio vuelo con ese concepto (no fue el único inquilino de Los Pinos que lo hizo, desde luego), y el ejemplo caló hondo entre los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), donde procedieron de la misma forma que el ex mandatario, bajo la consigna de al abordaje.

La Jornada (Iván Evair Saldaña) informa que “puede haber 65 miembros de una misma familia trabajando en el PJF… Dieron empleo 455 jueces y magistrados a hijos, padres, esposas, tíos y hasta suegras… La mitad de los juzgadores contrató a un pariente”, y todos aparecen en la nómina, de por sí abultada, del aparato que dice impartir justicia, claro está, con los impuestos de los mexicanos.

Dicha información se basa en un estudio (2022) elaborado por el Consejo de la Judicatura Federal (¿Mérito o nepotismo?), en el que se detalla hasta 65 miembros de una misma familia trabajan en el PJF, 23.8 por ciento (tienen) más de cuatro parientes, 49 por ciento, dos. En noviembre de ese año, la red –de familiares– de mayor tamaño en el CJF se formaba por 79 servidores públicos activos, mientras en agosto de 2022 ésta era de 65.

Lo anterior, a pesar de que el pleno del CJF acordó establecer, en noviembre de 2020, con el ministro Arturo Zaldívar en la presidencia de esa instancia, el plan integral de combate al nepotismo, dado que de acuerdo con la nueva política de la Judicatura, es fundamental recuperar la confianza ciudadana y legitimidad del Poder Judicial de la Federación. Uno de los ejes centrales para lograr este fin es el combate al nepotismo, lo que además permite prevenir cualquier potencial conflicto de intereses, favoritismo, problemas de convivencia laboral o riesgo de corrupción.

Y ese acuerdo subraya que “es necesario desarrollar una auténtica política que resuelva el problema de origen y elimine los efectos nocivos que han provocado la opacidad y la falta de acción frente a dicho fenómeno… Así, hasta el 13 de noviembre de 2019 fue posible detectar 89 redes familiares en 21 estados de la República”.

De acuerdo con La Jornada, la ministra Lenia Batres, “apoyada en dos estudios, ambos publicados por el CJF, preguntó si en el PJF los cargos se consiguen por mérito o nepotismo… El primero que citó es el informe de las relaciones registradas en el padrón electrónico de relaciones familiares de la Judicatura, de diciembre de 2022, en el cual también se lee que para esa fecha, 89.7 por ciento de las redes familiares en el citado CJF son de entre dos y hasta cinco personas, y es posible afirmar que en los últimos dos años (de 2020 a 2022) las redes parentales bajaron 17.5 por ciento”.

De la información divulgada por la ministra, destaca: en noviembre de 2020, la red (de familiares) de mayor tamaño en el CJF se formaba por 79 servidores públicos activos, mientras en agosto de 2022, ésta era de 65; en un estudio de 2018 se indicó que 48.6 por ciento de los juzgadores habían contratado a algún familiar; 455 jueces y magistrados contrataron a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras; 7 mil 148 servidores públicos de 31 circuitos compartían espacio laboral con algún pariente.

Entonces, la derecha debe modificar su consigna: ya no será el Poder Judicial no se toca, sino la empresa familiar no se toca.

Las rebanadas del pastel:

De pilón, “entre sueldos, prestaciones de ley y seguridad social, pagos por riesgo que se dan algunos funcionarios –como los ministros de la Corte–, sumados a seguros y fondos de ahorro, el salario de cada empleado del PJF costará a las finanzas públicas un millón 31 mil 382 pesos en promedio este año, en un país que se ubica como el sexto más impune de América Latina, de acuerdo con un reporte de Eurasia Group”. ( La Jornada, Dora Villanueva). Ministros y magistrados se cocinan aparte.

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