El Tribunal Electoral de la Ciudad de México radicó la demanda interpuesta por residentes de Tlalpan y Xochimilco contra la diputada del PAN, Daniela Gicela Álvarez Camacho, por incurrir en una suplantación de identidad originaria para mantenerse en el cargo por otro trienio, informaron integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac.

Confiaron en que el TECDMX sentará un precedente que evite que los partidos tengan nuevas formas de utilizar a pueblos y comunidades originarias para su beneficio con el pretexto de contar con miembros de sus comunidades.

La demanda interpuesta, que quedó con el número de expediente TECDMX-JEL-160/2024, se presentó tras verificarse las candidaturas de quienes se autoadscribieron como originarias para obtener el beneficio de las llamadas acciones afirmativas.

Dichas acciones buscan que personas de pueblos originarios, afroamericanas, jóvenes y/o de la diversidad sexual, entre otras, cuenten con un espacio en el Congreso local, lo cual fue aprovechado por la diputada panista, comentó Alejandro Velázquez.

A diferencia del resto de candidatos autoidentificados como personas originarias, Álvarez Camacho no cuenta con un documento donde alguna autoridad tradicional o asamblea la reconozca como integrante de algún pueblo.

Únicamente, señaló, cuenta con una carta firmada por una autoridad cuyo periodo ya concluyó, donde se dice que ha realizado gestiones para el pueblo de Chimalcoyoc, pero, en ningún momento, se le reconoce como integrante.

En la información que ella envíó a la plataforma del Instituto Electoral capitalino afirma ser parte del pueblo de San Pedro Mártir, uno distinto del cual recibió la carta.

Así que no cumple con los requisitos para autoadscribirse como originaria, por lo que al recibir la constancia de mayoría, los pobladores decidieron ingresar la demanda, para evitar que, alguien que no los representa se mantenga en el cargo para el periodo 2024-2027.

Agregó que estarán pendientes ante estas acciones afirmativas, para poner un alto a la usurpación de los pueblos y barrios originarios con fines partidistas.