Crear la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, propuesta por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, requerirá de cambios legales que deberán ser aprobados antes del 1º de octubre en que inicia su gestión.

De entrada, es necesario modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para convertir al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), que es un órgano descentralizado, en la nueva secretaría de Estado, comentó el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

Hizo notar que seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrador hará llegar en breve esa iniciativa al Congreso para que se apruebe en septiembre, cuando inicia la nueva legislatura o incluso antes en un periodo extraordinario, al que llame la Comisión Permanente.

Expuso que prácticamente se trata de elevar al Conahcyt a rango de secretaría de Estado, por lo que los trabajadores no serán afectados, ya que las funciones del organismo no desaparecen. Lo que significa que no habrá problema laboral o legislativo y la reforma deberá estar lista antes del 1º de octubre.

Monreal detalló que después o junto con esa reforma se tendrá que aprobar el Reglamento Interno de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en el que se establecerán sus facultades, competencias y organización administrativa.

Deberá haber también modificaciones a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que se promulgó en mayo del año pasado, ya que el órgano rector no será Conahcyt, que deja de existir, sino la nueva secretaría de Estado, insistió el coordinador morenista.

Se trató de una ley polémica, que cumplió 13 meses y que fue objetada por la oposición, toda vez que implicó un cambio radical al reconocer el derecho humano a la ciencia y establecer líneas claras de acción para garantizar el uso óptimo de recursos, el fortalecimiento de la independencia científica y tecnológica de México, así como el desarrollo nacional integral, conforme a prioridades y requerimientos estratégicos del país.

Así, se eliminaron los fideicomisos, manejados con opacidad y arbitrariedad, para favorecer la transparencia en el ejercicio de los recursos y se prohibieron transferencias multimillonarias de recursos públicos al sector privado.