n sólo 60 años las tasas de fecundidad se han reducido a la mitad en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que plantea el riesgo de un descenso de la población y graves desafíos económicos y sociales para las generaciones futuras, de acuerdo con el organismo. En este periodo, las mujeres en edad fértil pasaron de tener en promedio 3.3 hijos a 1.5, una tasa que no garantiza el remplazo poblacional, es decir, el nacimiento del mismo número de personas que mueren. En términos llanos, si no incrementan su fecundidad o estimulan la inmigración, estas sociedades están condenadas a extinguirse. El asunto empeora porque los jóvenes se enfrentan a un panorama más incierto y a unos niveles de desigualdad más agudo que las generaciones anteriores: en los 34 estados miembros, 94 por ciento de los jóvenes adultos reporta ansiedad respecto a la inflación y el costo de la vida, a 92 por ciento le preocupa la baja calidad del empleo y a 85.5 no poder trabajar debido al cuidado de niños, familiares ancianos, discapacitados o de ellos mismos, entre otros factores que aplazan o cancelan los planes reproductivos.

La dramática caída en la fecundidad pone a las naciones ricas y a varias de desarrollo medio (como Chile, Colombia, Costa Rica y México, miembros latinoamericanos de la OCDE) ante la obligación de abordar tres grandes cuestiones: el neoliberalismo, la xenofobia y el racismo, y la desigualdad de género. Es inevitable calificar como un fracaso y como una catástrofe de derechos humanos a un modelo económico tan salvaje que despoja a los jóvenes de toda perspectiva de futuro y que convierte la reproducción y la formación de familias en un lujo o una aventura de resultados inciertos. Que no quepan dudas: tener hijos no es un mandato, sino una decisión libre y consciente, pero un sistema que niega esta posibilidad sólo puede caracterizarse como parasitario, pues se mantiene a expensas de las personas.

Por otra parte, debería ser inconcebible que sociedades que se precian de ser democráticas y se consideran dotadas de autoridad moral para evaluar el desempeño del resto del mundo en materia de derechos humanos prefieran dirigirse a la extinción antes que abrir sus puertas a quienes les solicitan con urgencia la oportunidad de ponerse a salvo y ganarse la vida trabajando. El reciente triunfo de la ultraderecha en las elecciones europeas ilustra la paradoja de sociedades que podrían resolver buena parte de sus problemáticas –por ejemplo, el acelerado envejecimiento, la ausencia de población en edad laboral que sostenga las pensiones de los mayores, la falta de mano de obra y hasta el debilitamiento de las fuerzas armadas– abriendo la puerta a los solicitantes de asilo y facilitando su plena integración, pero que dilapidan sus recursos en reforzar controles fronterizos y financiar pactos vergonzosos para mantener a los migrantes lejos de sus fronteras.

El machismo no ha sido erradicado por completo en ningún rincón del planeta, pero es particularmente agudo en Corea del Sur, Israel y Japón, los tres miembros asiáticos de la OCDE. En el caso de los países de Extremo Oriente, la impresionante modernidad económica y tecnológica alcanzada en el espacio de unas décadas hace olvidar que estos avances materiales se dieron de la mano con un radical conservadurismo social que mantiene en pie un orden jerárquico plagado de misoginia. En la parte meridional de la península coreana y en las islas niponas, las mujeres se ven sometidas de manera simultánea a las presiones de un capitalismo hipercompetitivo y de un patriarcado que les niega cualquier apoyo durante la crianza. La situación es tan asfixiante que las surcoreanas han formado el movimiento de los cuatro noes: negarse a casarse, a salir con hombres, a tener sexo y a reproducirse mientras no se cierre la brecha salarial y los hombres no dejen de lado sus concepciones retrógradas del papel de las mujeres en la sociedad.

Más allá de cualquier idea de perpetuar la especie, está claro que corregir las iniquidades descritas es un imperativo ético hacia los jóvenes, las personas en tránsito, las mujeres y todos aquellos que son desplazados por un orden económico y social que pone el lucro encima de la vida.