Una comisión de los más de 4 mil desplazados del municipio de Tila, Chiapas que ayer cumplieron dos semanas de haber salido de sus casas, recorrió la cabecera municipal para constatar si existen condiciones de seguridad para su retorno, informaron fuentes oficiales.

Dijeron que la jornada se realizó el jueves, luego de que representantes de los desarraigados sostuvieron una reunión con autoridades federales y estatales en Tuxtla Gutiérrez a fin de acordar el regreso de los pobladores lo antes posible.

Señalaron que en el recorrido participaron también funcionarios federales y estatales que les hicieron notar la presencia del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y la Policía de Seguridad y Protección Ciudadana estatal que les darán garantías cuando vuelvan a sus casas.

Los miles de habitantes abandonaron sus hogares el 7 de junio, después de un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos que se inició el 4 de este mes con saldo de tres muertos, cuatro heridos, 17 casas y 21 vehículos de diferentes marcas y modelos incendiados y vandalizados, así como dos mujeres violadas.

Las autoridades federales y estatales habían programado su retorno para el martes de la semana pasada, pero ellos decidieron no regresar a sus casas, con el argumento de que no existen condiciones de seguridad y porque no los tomaron en cuenta a la hora de tomar el acuerdo.

La mayoría de los desplazados se encuentran desde el 7 de junio en albergues y domicilios particulares en las localidades de Petalcingo, Nuevo Limar (Tila) así como en el vecino municipio de Yajalón, donde el miércoles realizaron una peregrinación para exigir a las autoridades de los tres niveles garantías de seguridad para regresar a sus casas en breve.

Mientras, representantes del grupo de Los Autónomos, a los que los desplazados responsabilizan de la violencia que los obligó a salir de la cabecera municipal, aseguraron que actuaron para defenderse, ya que el grupo contrario denominado Karma los había atacado varias veces.

Aceptaron que ellos quemaron comercios, viviendas y vehículos de pobladores a los que consideran los líderes, ahora desplazados, en protesta porque las autoridades no han aplicado la ley en ese municipio a pesar de las denuncias.