México se encuentra en un proceso de envejecimiento muy rápido, pues más de 14 por ciento de su población total son personas adultas mayores, cuyas necesidades deben resolverse con un enfoque de derechos humanos, y no uno utilitario que los discrimine por su edad, señaló Fanny Sleman Valdés, investigadora del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

Al impartir un curso sobre el tema, la especialista subrayó que, de acuerdo con los parámetros internacionales en la materia, el nivel de envejecimiento de México se considera avanzado, pues ya se encuentra en el grupo de naciones cuyos adultos mayores representan entre 14 y 21 por ciento de su población.

Luego de destacar que diversos gobiernos estatales fueron los primeros en emitir leyes de cuidado de los ancianos, y no la Federación, Sleman recordó que la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores ya está vigente para su aplicación en México.

Esto obliga a las autoridades a combatir la discriminación por edad (edadismo) y las diferentes formas de violencia contra los adultos mayores, entre ellas su infantilización. Los gobiernos que firmaron la convención ya no tienen más opción que respetar estas garantías y llevar a cabo acciones de políticas públicas para ello, dijo.

La investigadora destacó la necesidad de que México no adopte una visión utilitaria en el cuidado de los adultos mayores –en la cual éstos son dejados a su suerte o sólo dependen de sus esfuerzos personales–, sino una de derechos humanos, para garantizar que sus necesidades básicas estén cubiertas.

Sleman indicó que aunque en México sigue presente un modelo de cuidados para adultos mayores basado en los parientes más cercanos, son necesarios esquemas más abiertos, considerando que las familias son cada vez menos numerosas y la natalidad ha bajado considerablemente.