Madrid. El ex presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) Luis Rubiales será juzgado en febrero de 2025 por un tribunal de la región de Madrid por el beso no consentido que le dio a la actual jugadora de Tigres Jennifer Hermoso, en la final de la Copa del Mundo femenil Australia-Nueva Zelanda 2023, que conquistó La Roja.

En un comunicado, la Audiencia Nacional precisó que entre los días 3 y 19 de febrero del próximo año, se llevará a cabo el juicio al ex directivo por agresión sexual y coacción tras un escándalo que le dio la vuelta al planeta.

Junto con Rubiales, se sentarán en el banquillo de los acusados el ex seleccionador del equipo, Jorge Vilda, el ex director deportivo, Albert Luque, y el que fuera responsable del área de marketing, Rubén Rivera, quienes presuntamente sugirieron a Hermoso que modificara su relato sobre los hechos.

El juicio será en San Fernando de Henares, una localidad a una media hora de Madrid.

La Fiscalía pide para Rubiales una pena de dos años y medio de cárcel por el delito de agresión sexual, derivado del beso, y por coacciones al haber presionado a la deportista para que justificara y aprobara que la acción no fue contra su voluntad, según el escrito del Ministerio Fiscal.

Dentro de la acusación también se exigen dos años de libertad vigilada al ex directivo una vez que cumpla la pena de cárcel, prohibición de comunicarse o acercarse a Hermoso durante cuatro años e indemnizar a la jugadora con 50 mil euros (54 mil dólares).

En el caso de Vilda, Luque y Rivera, la Fiscalía busca una condena de un año y seis meses.

El 20 de agosto de 2023, Rubiales besó en los labios a la internacional española ante las cámaras de todo el mundo, pocos minutos después del triunfo de La Roja ante Inglaterra.

Su gesto provocó una ola de indignación en España y en el extranjero, mientras Rubiales acabó dimitiendo al mes siguiente.

Tras una reciente reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede considerarse agresión sexual.

Además de este procedimiento, Rubiales es investigado en un juzgado de Majadahonda por corrupción en los negocios y administración desleal, tras presuntas irregularidades en contratos de la RFEF.