Por segunda ocasión fue diferida la audiencia inicial para formular imputaciones a 14 empresarios presuntamente relacionados con la red de corrupción conocida como cártel inmobiliario en la demarcación territorial de Benito Juárez.

En las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México en el Reclusorio Norte, el juez de control fijó una nueva fecha ante la inasistencia de varios implicados y que los defensores particulares no están completamente informados de la carpeta de investigación.

Algunos representantes jurídicos señalaron que no conocen el delito que se imputa a sus clientes y no han podido conocer todos los registros de la indagatoria, que consta de 30 mil fojas, por lo cual no podrían hacer válido su derecho a una defensa justa.

Los imputados que sí llegaron y sus defensas ingresaron a la sala 1, donde el juez Enrique García Garrido determinó aplazarla para el lunes 7 de octubre, debido a la inasistencia de varios de los requeridos.

La carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra empresarios del sector de la construcción, entre quienes está Luis Vizcaíno, ex director de Jurídico y Gobierno de la alcaldía Benito Juárez, es por asociación delictuosa.

El ex funcionario fue sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito en un proceso abreviado, al aceptar su responsabilidad penal tras solicitar dinero, propiedades y favores a empresarios a cambio de autorizar nuevas construcciones, pero se mantiene en prisión domiciliaria por otros delitos que se le imputan.

Fuentes judiciales informaron que los empresarios citados a la audiencia son Mario Rosendo Tapia, Miguel Omar, Eduardo y Carlos Serio Sucar, Guillermo Serio Asaf, José, Carlos y Jorge Serio Canaan, Luis Hernández, Alejandro Rangel, Alexis Braun Burillo, Jorge Ibarguengoitia y Federico Baptista.

Sin embargo, se abstuvieron de dar a conocer quiénes no acudieron a esta audiencia, que fue aplazada por primera vez el 14 de junio, debido también a la inasistencia de algunos empresarios, y a que sus defensas no habían recibido la carpeta de investigación y desconocían el o los delitos que les imputan.