En los juicios interpuestos contra la repartición de diputaciones plurinominales, partidos políticos de oposición e incluso candidatos que quedaron excluidos de la asignación final, solicitaron invalidar los escritos de los siete aspirantes que pidieron ser considerados como diputados uninominales de los partidos Verde (PVEM) y del Trabajo (PT), así como anular el acuerdo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Si bien el Tribunal Electoral capitalino tenía registradas apenas tres impugnaciones contra la distribución de curules de representación proporcional, se ha tramitado al menos una decena por los partidos de oposición y candidatos afectados con la designación, entre ellos la candidata del PVEM Martha Aguilar, la panista Gabriela Salido, los priístas Jhonatan Colmeras y Fausto Zamorano, y hasta Mariana Moguel, quienes además de denunciar la presunta sobrerrepresentación a favor de Morena, afirmaron que son inválidos los escritos de los aspirantes de la candidatura común Sigamos Haciendo Historia, pues hicieron campaña a favor del partido guinda.

Tanto el documento del PRI, como el de la diputada Gabriela Salido, mencionan el caso del diputado Gerardo Villanueva, quien pidió pertenecer al PVEM, pero en la actualidad es legislador de Morena y militante de ese partido desde noviembre de 2013.

A todas luces es claro que se trata de una acción concertada con la finalidad de adelgazar artificial e ilegalmente el grupo parlamentario de Morena, y con ello alcanzar para el mismo partido una mayor asignación de diputados por el principio de representación proporcional, refiere el escrito de Salido.

La candidata del PVEM Martha Aguilar, que terminó siendo excluida, aseguró que el convenio de candidatura común establece el grupo parlamentario al que iban a pertenecer los ganadores, lo cual en su momento no fue impugnado por ningún partido, por lo que su asignación a Morena debe ser cumplida.

Aceptar modificaciones al convenio posterior a la elección implica vulnerar de manera flagrante los principios de legalidad y certeza jurídica, pues con el acto que impugno ante la autoridad electoral abre la puerta a la incertidumbre.

El Partido Acción Nacional aseguró que “es absolutamente parcial, alevoso y ventajoso que una persona candidata, por sí o por impulso o presión de una fuerza política, pueda elegir el lugar donde debe contabilizarse el triunfo para efectos de la sobrerrepresentación

Conceder a la persona candidata electoral la potestad de decidir a qué partido será atribuido su triunfo en un momento posterior a la jornada electoral, es decir, después de que el pueblo decidió en las urnas, no sería otra cosa que una traición a la voluntad popular.