Además de alegar intervención sistemática y reiterada del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral 2023-2024, en los juicios de inconformidad interpuestos el jueves, la oposición argumentó inestabilidad, falta de certeza y crisis institucional en las autoridades electorales, lo mismo por la actuación deficiente de la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) que por la indebida integración de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En diferentes formas, así lo plantean los juicios para la protección de los derechos de la ciudadanía promovido por Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial de la coalición PAN, PRI y PRD, y el de inconformidad, del bloque PAN y PRD. Si bien con estos recursos no solicitan la nulidad de la contienda, exigen que el TEPJF los considere al calificar la elección.

En tanto, el PRD, en la ampliación de su demanda promovida como última vía para salvar el registro, alega indebido funcionamiento del sistema de cómputos distritales de entidad federativa y de circunscripción.

Alega que hubo intervención ilícita del gobierno y participación del crimen organizado en todo el proceso, así como votación de personas sin credencial o cuyo nombre no aparece en la lista nominal, entre otros.

A su vez, en el juicio de inconformidad del PRI en solitario, aun cuando compitió en coalición en casi todos los distritos, argumenta que hubo violación a los principios constitucionales en materia electoral (equidad, imparcialidad, legalidad y neutralidad) por el presidente López Obrador; asegura que se impidió en distintos casos y por causas diversas el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos.

Hay también otro juicio de inconformidad promovido por una ciudadana (se omite el nombre por protección de datos personales) por el indebido actuar de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en cuanto a la organización de la contienda por la Presidencia.

En opinión de Gálvez y de los partidos que la postularon, los elementos anteriores, entre muchos más deslgosados en expedientes de casi 2 mil cuartillas cada uno, determinaron el resultado de la votación.

El camino de estos juicios es todavía largo y el TEPJF tendrá alrededor de dos meses para resolver; si se impugnan resultados de diputaciones y senadurías, estos legajos deberán ser analizados por las salas regionales, una por cada circunscripción, y lo relacionado con la elección presidencial será resuelto por la sala superior, la cual deberá validar la contienda y entregar la constancia de mayoría a la candidata ganadora a más tardar el 6 de septiembre.