La reforma al Poder Judicial es necesaria porque se ha pasado de la aristocracia de los jueces a la oligarquía de la Suprema Corte, en la que ocho personas deciden echar abajo reformas fundamentales, aprobadas por el Congreso, advirtió la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, María Estela Ríos.

Rechazó que esa reforma atente contra la independencia y autonomía del Poder Judicial o pudiera provocar inestabilidad en el país y dijo que las modificaciones constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador buscan que quienes tienen la misión de impartir justicia atiendan a las mayorías, no a la voluntad de un grupo minoritario, como ocurre ahora.

Entrevistada en el Senado, después de la ceremonia solemne en la que se colocó en el Muro de Honor de esa cámara el nombre de Heberto Castillo, la consejera jurídica de la Presidencia defendió la parte más controvertida de esa reforma, que es la elección de jueces, magistrados y ministros por medio del voto popular.

Expuso que, en el sistema político mexicano, tanto el Presidente de la República, que representa al Poder Ejecutivo, como los senadores y diputados integrantes del Legislativo, son elegidos por el pueblo.

Entonces, en ese sentido, parece pertinente hacer una revisión sobre qué se requiere para que el otro poder, el Judicial, obedezca a los intereses de las mayorías, en momentos en que se avanza hacia un sistema cada vez más democrático y el pueblo se expresa de forma más directa, como lo prueban las recientes elecciones.

Ríos hizo notar que el Poder Judicial se ha convertido en una oligarquía, ya que ocho señores deciden entre ellos echar abajo las decisiones de la mayoría del Congreso, bajo el argumento defender a las minorías.

Intereses de unos cuantos

A los sectores que argumentan que la reforma es autoritaria, que restará autonomía e independencia al Poder Judicial y que puede crear inestabilidad, les respondió que son discursos que se repiten, pero sin base, ni razones. Además, no se vale hablar a favor de la independencia, cuando ellos están estrechamente ligados a intereses que no son de la mayoría.

Puso como ejemplo que la reforma a la Ley del Issste, que permite aligerar el pago de los créditos hipotecarios de los servidores públicos, la Corte pretende cancelarla porque considera que durante el proceso legislativo no se respetó la voluntad de las minorías. El ministro Luis Miguel Aguilar argumentó, dijo, la defensa de los derechos humanos.

Pero, preguntó, ¿qué no se atentó contra los derechos humanos cuando se impidió que se repartieron los libros de texto gratuitos o cuando se viola el derecho a la vivienda al impedir que se haga efectiva esa Ley del Issste que da garantías para que las personas vayan saliendo de sus deudas?

La consejera Ríos agregó que es bueno que se escuchen todas las voces en torno a la reforma judicial. No descartó que con base en lo que propongan incluso jueces, magistrados y ministros, y todos los que participen en el parlamento abierto, la iniciativa de López Obrador tenga cambios que la enriquezcan.