San Raymundo Jalpan, Oax., A lo largo de los últimos años los movimientos sociales en Oaxaca han sufrido diversos actos de represión a manos de los gobiernos estatales, con el apoyo de la Federación, lo que ha derivado en gran número de ejecuciones sumarias; de ahí que el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) presentó hace un año una iniciativa de ley para sancionar las ejecuciones extrajudiciales, la cual finalmente quedó aprobada ayer por la legislatura estatal.

Con la nueva ley, la entidad se convierte en la primera en México que cuenta con una norma que tipifica dicho delito, tras aprobarse con 28 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones, la adhesión del artículo 292 quárter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

El delito de ejecución extrajudicial se refiere a la privación de la vida por un agente del Estado, principalmente que involucre a servidores públicos que laboran en áreas de seguridad, y esta iniciativa contempla también la posibilidad de que un servidor o servidora pública ordene o concierte con un civil cometer un asesinato, explicó el asesor jurídico del Covic, Darinel Blas García.

Asimismo, detalló que los delitos contemplados en la nueva norma no prescriben, por lo que aun cuando pasen los años se podrán seguir investigando para enjuiciar a los responsables.

Además, señala sanciones de 50 a 70 años de prisión, y tiene algunas agravantes; la principal es si la víctima se dedica a la defensa de los derechos humanos.

En un inicio, comentó Blas García, tenían previsto incluir a los periodistas, quienes también son susceptibles a este tipo de delitos, pero la administración estatal y el Congreso del estado se opusieron.

El dirigente del Covic, Santiago Ambrosio, recordó que en 2006 y 2016 se vivió en Oaxaca represión del Estado; ambos movimientos sociales fueron en apoyo a los profesores aglutinados en la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

El primero ocurrió durante el gobierno del ex gobernador priísta Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010), cuando fueron asesinados más de 20 participantes del movimiento social de 2006 y parte de 2007.

En 2006, los maestros iniciaron un paro indefinido e instalaron un plantón en las principales calles del centro histórico de la capital oaxaqueña por la falta de respuestas de Ruiz Ortiz a sus demandas, entre ellas la rezonificación salarial.

El mandatario envió elementos de la policía estatal para retirar por la fuerza a los manifestantes. El suceso dio pie a la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, integrada por la sección 22, organizaciones sociales, sindicatos y la sociedad civil, que hicieron frente al gobierno de Ulises Ruiz.

Éste recibió el respaldo de los panistas Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), quienes enviaron a elementos de la ahora extinta Policía Federal, y a lo largo de seis meses, en una serie de enfrentamientos, murieron 26 civiles.

Diez años después, en la administración de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016), quien llegó al cargo postulado por PAN, PRD, PT y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), se llevó a cabo un operativo de desalojo contra docentes que protestaban por la imposición de la reforma educativa del priísta Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Fuerzas federales y estatales intentaron desactivar un bloqueo de maestros en el municipio de Asunción Nochixtlán, el cual fue apoyado por la sociedad civil. En la acción ocho personas fueron asesinadas por disparos de los uniformados. A la fecha sólo algunos mandos de ese tiempo han acudido a declarar.

Ambrosio manifestó que para ellos ha sido muy importante la construcción de esta iniciativa ciudadana, con lo que se pretende la no repetición de estos actos de lesa humanidad.