En el primer periodo extraordinario de sesiones del Congreso local, fueron aprobadas cinco reformas, entre ellas dos para elevar a rango constitucional la instalación de comedores comunitarios y garantizar un presupuesto anual para unidades habitacionales.

Si bien se avalaron por unanimidad dos –que fueron las constitucionales–, hubo debate sobre la Ley de Inclusión y Bienestar Social por la presunta eliminación de programas sociales para las alcaldías, como acusó el panismo, lo cual fue rechazado por diputados de Morena, pues aseguraron que sólo se busca eliminar la duplicidad de programas sociales.

De esta manera se concretó la creación del Sistema de Comedores Públicos y Comunitarios para garantizar el derecho humano a la alimentación, el cual, de conformidad con las reglas de operación, garantizará costos mínimos o gratuitos para las personas usuarias. También se aprobó una reforma para garantizar un presupuesto cada año para el mantenimiento de conjuntos habitacionales.

Una reforma que se aprobó con la mayoría de Morena fue a la Ley de Responsabilidad Ambiental, compuesta por 83 artículos en los que se fijan las disposiciones jurídicas que regulan el esquema de reparación integral del daño al ambiente y reglamenta el régimen de responsabilidad por los daños causados, a fin de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas y la determinación de la responsabilidad que nace del daño al ambiente.

En esta última, se acusó a la mayoría morenista de que no hubo un análisis serio de la reforma, pues no participaron especialistas, académicos ni la ciudadanía, y tampoco hubo un análisis presupuestal de la ley.

En tanto, tras 23 años de su existencia, fue expedida la nueva ley ambiental, que ordena el cumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible, al considerar a la Ciudad de México como una de las megalópolis más grandes del mundo que enfrenta retos ambientales, como la contaminación del aire, la gestión de residuos y la crisis de agua.