Hasta el momento suman cuatro juicios electorales tramitados en contra de la repartición de diputaciones plurinominales que aprobó el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Ayer, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Ernesto Alarcón Jiménez –uno de los diputados que resultaron afectados por la decisión del IECM–, acudió con un grupo de seguidores a la sede del órgano electoral a presentar su impugnación en contra del acuerdo, al considerarlo ilegal.

Acompañado de sus correligionarios Fausto Zamorano y Jhonatan Colmenares –que tampoco lograron su relección en la próxima legislatura–, Alarcón argumentó que los siete candidatos uninominales de Morena que decidieron cambiarse al Verde y al PT ni siquiera son simpatizantes de esos partidos; además, durante sus campañas pidieron el voto a favor de Morena, lo que constata el fraude a la ley.

Asimismo, el miércoles fueron presentados dos juicios de personas pertenecientes a la comunidad LGBT+, al asegurar que en la repartición de las diputaciones plurinominales no está garantizada la representación de ese sector poblacional en el Congreso local.

En tanto, la ex candidata al Senado Verónica Juárez también interpuso un juicio al asegurar que se trata de una sobrerrepresentación artificial, pues viola el principio de igualdad y equidad electoral al favorecer injustamente a un partido político.

A ellos se suma la advertencia de los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano de preparar sus respectivas impugnaciones en contra del acuerdo.

Morena, asu vez, interpuso un medio de impugnación ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México contra el cómputo de la elección de la diputación migrante que ganó el PAN, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría, al acusar que las autoridades electorales implementaron un precario sistema electrónico de votación en el extranjero.

El instituto político afirmó que durante la jornada electoral no se garantizó el derecho a votar y ser votado de las personas originarias de la ciudad que residen fuera del país, pues tanto el IECM como el Instituto Nacional Electoral instalaron urnas electrónicas sólo en 40 por ciento de los consulados, además de que se limitaron los aparatos para recibir mil 500 votos.

Esta alta exclusión de votantes, debido a la implementación deficiente del sistema electrónico de votación, no sólo afectó la participación de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, sino que también puso en entredicho la certeza jurídica de la elección.