or primera vez desde que la pandemia de covid-19 trastocó todos los ámbitos de la vida a nivel global, esta semana la economía mexicana ha vivido importantes turbulencias cuyas principales manifestaciones radican en la caída de las acciones cotizadas en las bolsas de valores locales y el retroceso del peso en su paridad frente al dólar.

Estos sacudones se originan en la inquietud de los dueños de grandes capitales (a lo que suele llamarse de forma mistificadora el mercado) ante la inesperada amplitud del triunfo electoral de Morena y la consiguiente posibilidad de que el partido gobernante avance en el trámite legislativo del plan C, es decir, de las 18 reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En particular, se expresa abiertamente una preocupación por la iniciativa que busca democratizar al Poder Judicial, acabar con la corrupción que lo carcome y convertirlo en un verdadero aparato de impartición de justicia al servicio del bien común.

La virulenta reacción de inversionistas, especuladores y grandes capitalistas en general ante el intento de sanear a dicha rama del Estado no ha hecho sino reconfirmar lo denunciado por el mandatario y constatado por la ciudadanía: que, bajo el neoliberalismo, el Poder Judicial devino una suerte de bróker al servicio de multinacionales locales y foráneas, así como de individuos que han amasado enormes riquezas a través de la corrupción, el expolio, la evasión fiscal y otras prácticas lesivas para el conjunto de la sociedad. El rechazo a que la Judicatura responda a controles democráticos y rinda cuentas cuando sus sentencias son claramente aberrantes y contrarias a la ley se disfraza de una farisea defensa de la independencia del Poder Judicial, pero el cierre de filas de los potentados exhibe que la mentada autonomía de los togados no es más que un sometimiento al poder económico, o una complicidad con el mismo.

Lo cierto es que el plan C fue presentado de manera oportuna y transparente a la consideración de los ciudadanos. El presidente López Obrador lo hizo público y explicó con detenimiento sus propósitos, mientras que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, lo retomó como una de las principales banderas de su campaña y llamó a sufragar a favor de todos los candidatos de su coalición al Congreso con el fin de concretarlo. En este sentido, el arrasador triunfo de los candidatos de Sigamos Haciendo Historia el 2 de junio sólo puede interpretarse como un auténtico mandato popular para que se aprueben y promulguen los elementos de esta profunda reforma del Estado.

Por ello, lo realmente preocupante no es que una formación política reciba un abrumador respaldo en las urnas gracias a la sintonía de sus postulados con el sentir y las necesidades de las mayorías (y gracias, también, a la casi inverosímil torpeza y frivolidad de sus adversarios). Lo que debería alarmar en cualquier sociedad que se precie de democrática es que un puñado de personas concentre una proporción tan elevada de la riqueza que dispone de herramientas para dañar a un país entero con tal de mantener intactos sus privilegios.