Hermosillo, Son., A 15 años del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, considerada la mayor tragedia infantil en la historia moderna de México, padres de los 49 bebés que murieron y de los menores que sobrevivieron, con graves secuelas de salud, acusaron al Poder Judicial de respaldar tácticas dilatorias que han permitido la impunidad de los implicados.

Al presentar el Manifiesto a la nación a 15 años de lucha por 49 razones, Patricia Duarte, quien el 5 de junio de 2009 perdió a su hijo Andrés Alonso García, de tres años, reprochó que en 2012 fueran exonerados Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo –esposa del juez federal Antonio Salido– y Gildardo Urquídez, ambos propietarios de la estancia y familiares del ex presidente panista Felipe Calderón y de su esposa, Margarita Zavala.

Marta Matilde Altagracia, socia fundadora, decidió dónde poner la guardería e iniciar su operación con 50 mil pesos; ella entregó un plano falso a las autoridades de protección civil municipal y así le autorizaron su negocio, que le daba más de un millón de pesos mensuales de ganancia, aseguró.

Ni un preso

Duarte reprochó que han pasado tres lustros y nadie ha pisado la cárcel por lo sucedido, a pesar de que existen sentencias condenatorias por los delitos de lesiones y homicidio culposo en contra de 13 personas, incluidos funcionarios de los tres niveles de gobierno y socios.

En 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso e inculpó a 10 ex funcionarios estatales, entre ellos Fausto Salazar, ex director de Recaudación de la Secretaría de Hacienda en Sonora; Jorge Luis Melchor, subdirector de recaudación, y Jorge Arturo Torres, encargado de la bodega de Hacienda. A los tres se les dictó una pena de cuatro años, nueve meses y 10 días de prisión.

Arturo César Leyva (ya fallecido), ex delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado, fue condenado a cinco años y siete meses de cárcel.

También se responsabilizó a Roberto Copado, ex director de protección civil municipal (prófugo); Jesús Davis Osuna, ex director de inspección y vigilancia; Martín Francisco Lugo, jefe de bomberos, y Arturo Dávila, segundo comandante.