El juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México otorgó un amparo a migrantes que mantienen casas de campaña a un lado de las vías del tren, ubicadas entre las calles Caruso y Constantino, en la colonia Vallejo. El fallo fue dirigido al jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, así como a autoridades de dependencias federales y locales, para evitar que sean retirados del lugar o deportados a sus países de origen, informó la representante de la Unión Vecinos Vallejo, en Gustavo A. Madero, Brenda Barrera,

Señaló que el pasado 23 de mayo, el juzgador emitió el amparo, del que fueron notificados los titulares y autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración (INM); de la oficina de representación del INM en la capital; el director de Control y Verificación Migratoria del instituto; el comandante de la Guardia Nacional; de las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Bienestar e Inclusión Social locales; de la alcaldía y de la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México.

Comentó que acudió al juzgado para acreditarse con la figura jurídica como tercer perjudicado o interesado, con lo que solicitará que se revoque dicha protección, al señalar que los residentes de Vallejo han sido afectados, luego de que el entorno se ha vuelto inseguro por al menos 70 anafres que activan al mismo tiempo todos los días, lo que ha ocasionado conatos de incendio, al alertar de que hay una gasolinera cercana.

También se ha generado fauna nociva, relató, como ratas, cucarachas y chinches, además de que arrojan basura y botellas con orines a las escuelas de educación básica en la zona, y tiran la ropa que ya no quieren utilizar en las coladeras.

Expresó dudas en el amparo que puede proteger a personas migrantes que pernoctan en el espacio público, además de que a decir de los residentes de la zona, es necesario que sean trasladados a albergues.

Apremia a autoridades

Indicó que a pesar de que el albergue Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Indígena y Migrante (Cafemin) fue cerrado hace unas semanas, en las inmediaciones permanecen alrededor de 900 migrantes, por lo que apremió a las autoridades de migración a intervenir ya, luego de que no han sido atendidos a pesar de las múltiples peticiones y de las movilizaciones que han realizado.

Alertó que la cifra de migrantes procedentes de Venezuela, Haití, Honduras y Perú, entre otros países, podría incrementarse ante la orden ejecutiva que firmó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para regular la migración.

Apuntó que una vez pasada la elección del 2 de junio “ya no hay temas políticos para que no se nos atienda después de varios meses".

Los migrantes que promovieron el recurso aseguraron que personal del INM pretendió desalojar el campamento el pasado 25 de mayo, según la información del amparo al que tuvo acceso la representante vecinal Brenda Barrera.