Entre los trabajadores del área de comunicación social de la Cámara de Diputados se vive un ambiente de incertidumbre, pues aunque ayer les notificaron que se había cancelado un acuerdo que los obligaría a entregar su renuncia de forma anticipada, no saben si en algún momento se reactive dicho plan o si tendrán derecho a una liquidación cuando termine la actual legislatura.

Bajo condición de anonimato, por temor a sufrir represalias, empleados que tienen contrato por honorarios explicaron que el pasado jueves fueron citados a una reunión con la coordinadora general de comunicación social de San Lázaro, Carolina Real Calvillo, quien les explicó que aunque su contrato está vigente hasta el 31 de agosto, tendrían que renunciar el 31 de mayo, por acuerdo del comité de administración de la Cámara.

De acuerdo con los denunciantes, se les indicó que una primera opción consistía en firmar su renuncia y apoyar con su trabajo los siguientes tres meses de forma gratuita, con la promesa de que serían incluidos en una lista que se entregaría a la próxima legislatura para probablemente ser recontratados. Además, se les daría de forma anticipada su liquidación en un plazo de 40 a 50 días naturales.

La segunda opción implicaba seguir recibiendo su sueldo de manera normal durante junio, julio y agosto, pero al término de ese plazo ya no se nos iba a dar liquidación, y ahí terminaba nuestro contrato, sin posibilidad de renovarlo para el siguiente periodo legislativo, porque “ya no los quisimos ‘apoyar’”.

Como se informó en este diario, a los asesores de los diputados y otros trabajadores que tienen contrato por honorarios en San Lázaro también se les notificó en días recientes sobre este mismo esquema, y aunque en algún momento se llegó al acuerdo de respetar su periodo de trabajo hasta agosto y darles una liquidación, dicho compromiso finalmente no fue respetado.

De acuerdo con los empleados de comunicación social, ayer fueron citados a una nueva reunión en la cual se les notificó que la exigencia de firmar su renuncia anticipada queda cancelada, por lo que en teoría podrán seguir laborando hasta el 31 de agosto y recibir una gratificación por el término de su contrato, aunque el resto del personal de honorarios de la Cámara no está en ese caso.