Durante el proceso electoral en marcha, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha abierto mil 370 procedimientos por quejas y denuncias, el mayor número en la historia del organismo electoral, antes Instituto Federal Electoral. Una de las principales causas son las inconformidades de la militancia contra decisiones de sus partidos, especialmente para postulación de candidatos.

Según datos oficiales, en 2023 hubo un incremento de 531 por ciento de este tipo de asuntos, comparado con 2017, también año previo a la elección presidencial, mientras en 2024 la subida es de 115 por ciento respecto a 2018.

Igualmente, hay una marcada tendencia de denuncias por expresiones emitidas durante las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador; desde septiembre pasado, las mañaneras están involucradas en 86 investigaciones o procedimientos, según datos oficiales del INE. Si bien son 86 alegatos en general, contra el mandatario en específico el instituto ha recibido 52 quejas, las cuales se tramitaron en 31 procedimientos y hubo 40 peticiones para bajar materiales de los dichos del jefe del Ejecutivo; de esas solicitudes, el INE aceptó 18, la mayoría con criterios ratificados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Y pese al término del periodo de campañas, las quejas continúan. Tan sólo en los dos primeros días de veda electoral, el INE había recibido hasta la tarde de ayer 17 quejas, y abrió dos procedimientos de oficio, uno contra el candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, y otro contra el vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez.

La principal ventanilla del árbitro es la Unidad Técnica de lo Contencioso (UTCE), responsable de investigar, integrar los expedientes y enviarlos para su resolución de fondo al TEPJF.

Esta oficina, a cargo de Hugo Patlán, tiene una estructura de 12 subdirectores, y seis más para atender asuntos de consejerías de institutos electorales estatales y casos de violencia política; la plantilla de la UTCE tiene 36 abogados especializados, con el respectivo personal de apoyo.

En los casi nueve meses de proceso electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que trabaja en sincronía con la UTCE, había abierto –al corte del jueves 30 de mayo– 222 solicitudes de medidas cautelares, precisamente relacionadas con los mil 370 procedimientos especiales sancionadores (PES), figura creada a la par de la creación del INE.

La estadística muestra que hace una década, en 2014, el INE abrió apenas 90 PES y en los años subsecuentes este indicador fue creciendo. Para 2018 fueron 454 procedimientos y en 2021 sumaron 390.

En 2022, pese que fue periodo de elecciones locales, los PES llegaron a 510, y en 2023 se rompieron todos los precedentes, al cerrar con mil 377.

Ese alud de mil 377 expedientes se ve de la siguiente manera: 380 por actos anticipados; 247 por vulneración al interés superior de la niñez; 182 por uso indebido de la pauta, y 163 violaciones al artículo 134 constitucional, relacionado con la actuación de servidores públicos, entre otros.

Del acumulado general, 289 han sido remitidos al TEPJF; 571 fueron desechados, dos sobreseídos y 508 están en sustanciación, es decir, en trámite en la UTCE.

Al respecto, Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, rechazó que la unidad de lo contencioso se haya convertido en un embudo; argumentó que la integración de los expedientes depende de distintos factores y mencionó entonces que para notificar tienen la dificultad de que en la Presidencia de la República las reciben hasta las 2 de la tarde.

En general, dijo, el tiempo para la integración de los expedientes que irán al tribunal tiene que ver con el cumplimiento del debido proceso, toda vez que estos PES sirven de insumo a los magistrados para emitir sentencias.

Las cifras de la UTCE se mueven todos los días, al tiempo que la Comisión de Quejas sesiona con frecuencia para determinar si concede peticiones de los denunciantes, quienes suelen pedir a los consejeros bajar de Internet materiales de sus adversarios.

Medios de impugnación

A nivel de medios de impugnación en el TEPJF, hay también un récord durante el proceso electoral, pues ya van mil 616 trámites, la mayoría (39 por ciento) juicios para la protección de los derechos del ciudadano (en su mayoría, pugnas dentro de los partidos), 32 por ciento son peticiones de revisión y 20 por ciento, apelaciones.

Como parámetro se puede mencionar que en toda la contienda de 2018 fueron 946 juicios y en 2012 sumaron 445.

En cuanto a los recursos de inconformidad, que los partidos interponen contra los resultados electorales (Presidencia y Congreso), en 2006 fueron 495, seis años después, 529 y en 2018, mil 356.