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Revisará la Auditoría por primera vez los programas sociales de las 16 alcaldías para verificar cumplimiento

Incluye rubros que no habían sido fiscalizados, señala Jorge Gaviño

 
Periódico La Jornada
Viernes 31 de mayo de 2024, p. 32

Por vez primera, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) fiscalizará los programas sociales de las 16 alcaldías para corroborar si cumplieron sus objetivos en materia de derechos humanos y perspectiva de género, informó el diputado de la asociación parlamentaria Izquierda Liberal Jorge Gaviño.

En una breve sesión de la Comisión de Rendición de Cuentas, el legislador explicó que se revisarán licitaciones y adquisiciones de los programas sociales.

Cada año se debe hacer un programa de auditoría, y la ASCM había propuesto varias cosas, y ahora se está ampliando la fiscalización en los rubros que no se habían auditado, comentó en entrevista el legislador, quien explicó que los resultados se darán a conocer el próximo año, ya que la instancia definirá el número de programas sociales a revisar.

Por primera vez, abundó, existe una comunicación interinstitucional entre las auditorías local y federal que permitirá observar la aplicación y cumplimiento de los recursos que destina la Federación, principalmente a alcaldías y obra pública en diferentes entidades de la Ciudad de México.

Asimismo, en materia de obra pública se analizará el cumplimiento del proceso, no sólo su conclusión.

Ayer, el pleno del Congreso de la Ciudad de México celebró tres sesiones solemnes seguidas para la entrega de las medallas Hermila Galindo, al mérito juvenil y al mérito turístico.

Tras varias horas, se efectuó la última sesión ordinaria del periodo, y pasada la medianoche, cuando legalmente ya era 31 de mayo, se instaló la Comisión Permanente.

Entre los documentos que se dieron a conocer destaca una petición de la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez, para que en ejercicio de sus facultades el Congreso de la Ciudad de México cite a comparecer al titular del Instituto de Vivienda, ante su reiterada negativa de aceptar la recomendación 1/2024 sobre el derecho a la seguridad jurídica de los grupos de atención prioritaria.