Buenos Aires., La justicia argentina ordenó ayer la distribución oficial a comedores comunitarios de toneladas de alimentos que se encuentran en depósitos del ministerio de Capital Humano, pero el gobierno del presidente ultraderechista, Javier Milei, anunció que impugnará la medida porque se trata de reservas para catástrofes.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó al ministerio que en un plazo de 72 horas entregue un detalle de los alimentos retenidos y proceda de inmediato a su distribución.

El magistrado apoyó su fallo en las estadísticas que sitúan a más de la mitad de la población en la pobreza.

De cara a ese colectivo que sufre de modo acuciante inseguridad alimentaria y sobre quien pesa el costo de la parálisis denunciada, aparece la necesidad de la adopción urgente de una acción positiva, sostuvo.

La decisión se enmarca en una causa judicial impulsada en febrero por organizaciones sociales críticas al gobierno, tras la interrupción en la provisión de alimentos a sus comedores comunitarios en diciembre pasado, cuando el ministerio empezó una auditoría.

La Iglesia católica, a través del Episcopado, exhortó el fin de semana al gobierno a entregar las cerca de 5 mil toneladas de comida.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno apelará la orden judicial. Es una cuestión de política pública, argumentó.

El jefe de gabinete, Nicolás Posse, expuso ante el Congreso que los resultados de una auditoría revelaron que casi 50 por ciento de los comedores no existían.

De acuerdo con las organizaciones, hay 45 mil comedores comunitarios en todo el país, pero una cantidad no precisada dejó de funcionar al interrumpirse la provisión que recibían del Estado, mientras otros funcionan gracias a donaciones privadas.

En este contexto, Milei aceptó anoche la renuncia de Posse, quien será remplazado por el actual ministro del Interior, Guillermo Francos.