León, Gto., Guanajuato, uno de los estados más violentos de la época reciente, será gobernado por primera vez por una mujer. El costo de la inseguridad en los hogares de la entidad asciende a 15 mil 247 millones de pesos, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe).

Quien resulte ganadora entre las candidatas de PAN-PRI-PRD, Libia García Muñoz Ledo; de Morena-PVEM-PT, Alma Alcaraz Hernández; y de MC, Yulma Rocha Aguilar, tendrá como principal reto reducir los altos índices delictivos.

En el primer cuatrimestre del 2024 mataron a mil 2 personas en la entidad y durante marzo y abril hubo un repunte en el número de homicidios dolosos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La encuesta reciente del Instituto Nacional de Estadística y Georgrafía (Inegi) señala que los guanajuatenses gastaron 4 mil 829 millones de pesos en medidas preventivas contra la inseguridad, como cambiar puertas, ventanas, cerraduras, colocación de bardas y barandales, comprar un perro, entre otras.

El sondeo señala que en el estado, durante 2022, sólo fueron denunciados 10.9 por ciento de los ilícitos cometidos y el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación en 74 por ciento de los casos.

La cifra negra en el estado corresponde a 91.9 por ciento de los delitos cometidos, en los cuales no hubo denuncia o no se abrió una investigación, refiere la encuesta del Inegi; 33.4 por ciento de los guanajuatenses no denuncian porque consideran que es una pérdida de tiempo y 11.6 por ciento por desconfianza a la autoridad; 67.2 por ciento de los mayores de 18 años considera que la inseguridad es el problema más importante que los aqueja, refiere el documento.

La quinta economía del país

Guanajuato es la quinta economía del país y ha recibido –en los últimos cinco años y medio– 7 mil millones de dólares de inversión, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.

La entidad es primer lugar en producción de vehículos; se registró un aumento de 17 por ciento, al corte de febrero de 2024.

Asimismo, se ubica en el quinto sitio con el mayor número de trabajadores asegurados: un millón 99 mil. Guanajuato también está en el sexto lugar nacional en negocios, con 242 mil unidades económicas.

Pero la bonanza económica se ve afectada por la violencia e inseguridad generada por cárteles de la droga, principalmente en la zona Laja-Bajío, donde pequeños y medianos negocios son extorsionados.

De 2020 a 2022 cerraron 15 por ciento de restaurantes ubicados de Irapuato a Celaya, denunció hace un año y medio Helen Anaya, vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.

Las propuestas

Para recuperar la paz, la candidata del PAN, Libia García, propone poner en marcha un nuevo programa de prevención de la violencia y la delincuencia, implementar una estrategia metropolitana de seguridad, crear el escuadrón antiextorsión y la policía femenil.

Entre sus proyectos destaca una comisión para la seguridad de las mujeres, un grupo especial de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, un centro de inteligencia e investigación criminal y que la Secretaría de Seguridad tenga facultades de investigación.

Mientras, en sus actos proselitistas, la abanderada de Morena, Alma Alcaraz, ha denunciado que de 2013 a 2023 aumentaron en 500 por ciento los homicidios y en 567 por ciento el narcomenudeo.

Entre sus propuestas sobresalen un gran acuerdo por Guanajuato, para que los empresarios paguen mejores salarios; la construcción de 50 centros de arte, innovación, comunidad, educación y saberes, así como sedes de atención a la drogodependencia y comités de participación para construcción de la paz.

Alcaraz Hernández prometió que triplicará el número de policías estatales, promoverá una reforma integral al sistema de justicia, que incluye el cese del fiscal; unidades de policía de investigación, una estrategia contra la extorsión y una coordinación permanente con la Federación.

La candidata de MC, Yulma Rocha Aguilar, señala que debemos transitar hacia un nuevo modelo de justicia que privilegie la prevención del delito, la reparación del daño y promueva una verdadera reinserción social de quienes delinquieron.

Propone mejorar las condiciones laborales de la policía y desmantelar redes de colusión con el crimen.