El Comité contra la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhortó al Estado mexicano a elaborar una política nacional integral de lucha contra este problema, acelerar el proceso de adopción de la reforma constitucional para garantizar plenamente los derechos de los pueblos indígenas y prevenir el desplazamiento de estas comunidades.

En sus observaciones finales, tras los informes que México presentó en abril pasado, expuso además su preocupación por el impacto de la participación del Ejército en tareas de carácter civil, como en la realización de proyectos de inversión, lo cual ha generado formas de abuso y violencia respecto de las personas indígenas que han sido contratadas para colaborar, así como violencia sexual en contra de mujeres de pueblos originarios.

También pidió que se investiguen de manera exhaustiva, imparcial y efectiva todas las denuncias de atentados contra la vida, la integridad física y libertad, así como de actos de violencia, amenazas, hostigamiento, intimidación, acoso y difamación cometidos contra líderes indígenas y defensores de derechos de pueblos orignarios y afrodescendientes.

El comité de la ONU se pronunció igualmente por la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y recomendó a México adoptar las medidas necesarias para asegurar que sean respetadas todas las salvaguardas legales fundamentales del debido proceso de indígenas y afrodescendientes.

Instó a acelerar el proceso de reforma de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que incorpore una definición que incluya el contenido del artículo primero de la respectiva convención.