La Clínica Jurídica para los Refugiados Alaíde Foppa, de la Universidad Iberomericana, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición de medidas cautelares para que el Instituto Nacional de Migración (INM) resuelva con celeridad las solicitudes de regularización con procedimientos claros y accesibles y detenga la práctica ilegal de negarse a recibirlos.

Expuso que según información recabada por organizaciones civiles, desde finales de 2023 se han documentado casos en los que el INM se ha negado a recibir solicitudes de trámite de regularización, sin fundamento, además de que, cuando sí lo hace, dilata indefinidamente las resoluciones.

Indicó que ello se ve reflejado en el número de personas regularizadas con necesidades de protección, que habría disminuido ampliamente en los primeros meses de 2024.

Esto tendría como consecuencia que varias personas con derecho de estar en México de forma regular, conforme a la ley, estén en riesgo permanente de ser detenidas y devueltas, violando el principio de no devolución, que pone en grave riesgo su vida, libertad e integridad.

La Clínica destacó que estas personas están imposibilitadas de vivir dignamente en México, al encontrar en la irregularidad migratoria forzada un obstáculo para acceder a derechos como salud, educación y trabajo formal además de que se les expone al crimen organizado.

Señaló que con la solicitud de medidas cautelares, en la que también se pide que el INM genere mecanismos contra la devolución y la detención, la CIDH cuenta con la oportunidad de garantizar los derechos de las personas en movilidad con necesidades de protección internacional y que requieren atención humanitaria.

Con ello se puede poner un límite a una de las medidas ilegales adoptadas por el INM para disuadir la movilidad humana en México, a través de prácticas amedrentadoras, crueles, torturantes y que criminalizan la migración.