La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, no puede imponer sus tiempos al Congreso y mucho menos dar órdenes al Legislativo, advirtieron senadores de Morena, quienes consideraron poco probable que en los tres meses que restan a la legislatura se pueda aprobar la Ley General del Agua, como pretende el máximo tribunal.

La semana pasada, la Corte rechazó la prórroga solicitada por el Congreso para aprobar esa ley reglamentaria del artículo 4º constitucional y la ministra estableció un plazo de 10 días para que le remitan un cronograma con el plan de trabajo específico para dar cumplimiento a la sentencia y en caso de no hacerlo serán multados.

Al respecto, el senador César Cravioto comentó que “cada día están desvariando más en la Suprema Corte, ya que la Ley General del Agua no puede sacarse de un día para otro y desde 2018, en que comenzó la Legislatura por terminar, se ha trabajado en ese ordenamiento, pero no se lograron los consensos.

Marcarnos plazos, en este momento en que estamos en pleno proceso electoral y en receso legislativo, es un absurdo. La Comisión Permanente tendría que convocar un periodo extraordinario y para ello se requiere de mayoría calificada, que Morena no tiene.

Aunque hay avances en ambas cámaras, consideró complicado que la nueva ley pudiera aprobarse antes de agosto en que concluye la legislatura. Con ello coincidió el senador José Narro. Hizo notar que es una reforma que les heredaron, porque debió expedirse desde hace 11 años, según se estableció en la reforma constitucional de febrero de 2012, en que se consagró el derecho humano al agua.

Nos encontramos con ese pendiente y tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se realizaron foros de análisis, mesas de trabajo, pero no se ha logrado aprobar la nueva ley porque hay muchos intereses detrás, de quienes han hecho un negocio muy jugoso con el agua.

La ley debe frenar ese proceso y regresar los recurso hídricos a las comunidades y pueblos indígenas, que han sido despojados del líquido vital por las industrias minera, lechera y refresquera, recalcó el senador Narro. Dijo que es parte de los puntos conflictivos, ya que la oposición está del lado de los empresarios.

De hecho, dijo, el gobierno panista de Querétaro recién aprobó una ley para dejar el recurso en manos privadas, lo que fue impugnado por la Presidencia de la República.

El Senado ya recibió la notificación de la sentencia y, al igual que la Cámara de Diputados, tiene como límite hasta el próximo día 29 para notificar a la presidenta de la Corte su programa para aprobar la ley.