Senadores de Morena advirtieron que la decisión de un juez de ordenar que se vuelva a pagar a la presidenta del grupo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, la pensión vitalicia que Petróleos Mexicanos (Pemex) le suspendió por irregularidades, pone de nuevo en la mesa la urgencia de reformar un Poder Judicial que va en contra del interés de las mayorías, al proteger a los poderosos, entre ellos a los delincuentes.

Es una muestra más de cómo el Poder Judicial está al servicio de unos cuantos y de inmediato, sin ir al fondo del asunto, concede un amparo a una particular para que siga cobrando, de forma ilegal, una pensión que ni le corresponde, en detrimento de una empresa pública, como es Pemex, comentó el vocero del grupo de Morena en el Senado, César Cravioto.

Por separado, el senador Napoleón Gómez Urrutia resaltó que la dirección de Pemex demostró que esa pensión cercana a los 125 mil pesos que Casar recibe desde hae casi dos décadas fue producto de la corrupción, ya que se otorgó a su fallecido esposo por un supuesto accidente de trabajo, cuando en realidad se suicidó.

Pemex debe llevar adelante la investigación, dijo, ya que tanto en esa petrolera estatal como en otras empresas públicas, y la banca de desarrollo, hay muchos otros casos de pensiones millonarias, obtenidas a través del influyentismo, como ocurre con el responsable de elaborar el proyecto de nación de la candidata presidencial de la derecha, José Ángel Gurría.

Este hombre, que fue secretario de Hacienda con el entonces presidente Ernesto Zedillo, estuvo también en Nacional Financiera (Nafin), de donde obtuvo también una pensión vitalicia de 125 mil pesos mensuales, por los que cada año se lleva casi un millón y medio de pesos. Como él hay otros vividores del erario y eso ya no puede permitirse, recalcó el también dirigente del Sindicato Minero.

Por su parte, el senador Cravioto hizo notar que quien supuestamente combate la corrupción, “la señora Casar, ya casi junta 50 millones de pesos de un pago irregular, indebido.

Con esos 50 millones de pesos –por la pensión de casi 20 años y la indemnización recibida– se podrían otorgar más becas a jóvenes, destinarlos a obras sociales, pero de nuevo un juzgador decide que está muy bien continuar saqueando los recursos públicos.

Es de destacar, agregó, la celeridad con que actúo el juez en cuestión, mientras miles de ciudadanos están por años en espera de justicia. “Este hecho lamentable, es también una oportunidad para que la gente se siga dando cuenta que el Poder Judicial está podrido y requiere una transformación a fondo.